Radio América. El 91% de los casos judicializados por las fuerzas de seguridad terminan en condena, dijo este martes el presidente Juan Orlando Hernández, quien destacó otros golpes a las organizaciones criminales como el decomiso de 493 armas, cuatro toneladas de marihuana y que se evitó el pago de 18 millones de lempiras en extorsión.
La tasa de homicidios probablemente baje este año de la registrada en 2019, 44.3 por cada 100,000 habitantes, apuntó Hernández después de conocer un informe pormenorizado de las acciones ejecutadas durante la pandemia que le presentaron los titulares de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) y del Sistema Nacional de Emergencia 911, el coronel Amílcar Hernández y Lisandro Rosales, respectivamente.
El mandatario manifestó que en esta reunión se analizaron las operaciones ejecutadas durante la pandemia, “el nivel de impacto y la nueva realidad que nos impone una situación difícil”, pero que “también a los criminales les estimula a hacer sus fechorías”.
De igual forma, el presidente de la República expresó que “durante la pandemia en ningún momento la FNAMP ni el 911 detuvieron sus actividades, de tal manera que estas organizaciones criminales han recibido una fuerte acción de parte de estos entes del Estado”.
Además, el gobernante detalló que dichas operaciones han tenido “éxito” con acciones como “el decomiso de armas y cuatro toneladas de marihuana, seis millones de lempiras decomisados, y evitado el pago de casi 18 millones de lempiras en extorsión, decomisado 493 armas y todo tipo de equipos tecnológicos que reducen la capacidad logística” de los grupos criminales.
Baja la incidencia criminal
“Como dijimos cuando tomamos posesión en 2014, a los delincuentes se les terminó la fiesta”, subrayó el presidente Hernández.
“Sé que van a seguir con las acciones criminales, pero hoy tenemos una institucionalidad con que hemos bajado casi el 60% y gracias al pueblo hondureño que perdió el temor de denunciar”, añadió.
Recalcó que ahora existe en el nuevo Código Penal la figura del desplazamiento forzado, que tiene penas altas y que protege a la población.
“El año pasado cerramos con 44.3% en tasa de homicidios; probablemente ahora cerremos con menos y dependerá no sólo del empeño de la fuerza pública sino del pueblo hondureño, denunciando y apoyando”, puntualizó.