Radio América. Al menos seis reclusas murieron la madrugada del domingo al interior de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), luego de una reyerta entre privadas de libertad en esa cárcel de mujeres localizada en el valle de Támara, a unos 20 kilómetros al norte de la capital hondureña.
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Hugo Maldonado, reaccionó sorprendido por el hecho de reportarse una acción criminal de esa naturaleza por primera vez en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas).
Maldonado considera que la reciente matanza ocurrida en la cárcel de mujeres de Támara podría traer “repercusiones” en el resto de los centros penales del país.
El defensor de derechos humanos ha sugerido a la comisión interventora de los centros penales en Honduras, en específico al coronel José González Maradiaga, redoblar la seguridad en los distintos recintos carcelarios.
“Esas damas tenían sus parejas y a lo mejor ellos tienen sus vínculos con estos movimientos antisociales que seguramente no dejarán las cosas así”, advirtió el titular del CODEH.
Dicho panorama se trataría de un peligro inminente para la población penitenciaria que desde hace décadas experimenta violaciones a los derechos humanos, hacinamiento y violentas reyertas con saldos trágicos.
Los presidios de Honduras con serios problemas también de infraestructura son considerados una «bomba de tiempo».
Informes de las autoridades señalan que la noche del sábado un grupo perteneciente a la pandilla 18 habría aprovechado una alarma de incendio en uno de los músculos para romper los portones.
Tras lo ocurrido estas se dirigieron a la zona de gimnasio donde se encontraban en aislamiento las ahora fallecidas de recién ingreso.
“Se trató de una reacción bien planificada”, señaló Maldonado, calificando de “crítica” la situación.
A su juicio se deben de investigar estos hechos que ponen a Honduras en un panorama complejo en el marco internacional.
Compuesto por unas 30 cárceles, el sistema penitenciario alberga más 22,000 reclusos, cuando su capacidad máxima es de 8,000, y menos de la mitad han sido condenados.
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