Radio América. La auditoría de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló este martes pérdidas eléctricas por más de 3,379 millones de dólares en la estatal de energía (la ENEE).
En los hallazgos el ente pudo encontrar incumplimiento de contratos y leyes ventajosas para generadoras de energía térmica.
Contratos con cláusulas abusivas
La auditoría a una muestra de 12 de los 74 contratos de generación de energía revela condiciones abusivas y dañinas contra el Estado, con modificaciones legales aprobadas por el CN -y otras en los contratos- en beneficio de las empresas generadoras de energía.
En 2013 se cambió la ley para permitir que, por 10 años, las generadoras de energía renovable pudieran acceder a un incentivo de pago por potencia por brindar servicio en cualquier momento, aunque generalmente no cuentan con la capacidad de proporcionarlo.
Esto derivó en un pago de casi 109 millones de dólares a las empresas eólicas y solares, aunque no brindan ese servicio.
Las empresas generadoras también han tenido otros beneficios desde 2006, como exoneraciones de impuestos de ventas, rentas, aranceles de importación de mercancías y activo neto, los cuales abarcaron contratos firmados antes de esta fecha.
Además de los beneficios otorgados desde 2006 y reformados en 2013, recientemente el Poder Legislativo aprobó una nueva exoneración de impuestos a las generadoras de energía mediante el impuesto de importación de combustible, favoreciendo nuevamente a este sector.
Aunque la ley establece un beneficio por 10 años, en 2008 se firmó contrato otorgando un incentivo de pago por potencia por 15 años a Eólica de Honduras S. A. (EEHSA), con un costo para el Estado de USD 2.4 millones.
En principio, el Estado adeuda a EEHSA aproximadamente USD 48 millones por concepto de pago por potencia, aunque no brinda dicho servicio.
Detalles
En el mismo año, la ENEE contrató a VETASA-MELECSA para reparar una planta preexistente propiedad del Estado, construir un nuevo proyecto y obtener licencias ambientales y pólizas, entre otros.
Diez años después, el proyecto sigue abandonado y, aun así, VETASA ha interpuesto un segundo reclamo de pago por L 74 millones, aunque ha incumplido el contrato en varios aspectos.
Otro ejemplo de los cambios favorables a las generadoras es el de Laeisz Honduras, empresa que participó en un proceso competitivo y fue adjudicada en 2018, con una oferta de generación mediante diésel pero que en el contrato (que no fue aprobado por el CN) se modificó posteriormente a búnker, sin afectar los condiciones o precio acordado, pese a que el búnker es más económico y más perjudicial para el ambiente que el diésel.
Condiciones abusivas también fueron encontradas en un contrato de 2011 a favor del consorcio Portable Hidro Power (PHP) junto con la ENEE, modificado para darle prioridad al generador privado, pese a que la ley establece que primero se debe pagar a una planta de energía del Estado.
Cabe señalar que PHP es una planta cercana a la estatal El Níspero, que afecta su producción y obliga a la contratación privada de la energía que no produce. Esta energía podría ser generada por El Níspero en forma más barata, teniendo un impacto a favor de los hondureños.
Sugerencias de ASJ
Por lo anterior y en vista del grave perjuicio contra la población hondureña, la ASJ recomienda al Estado asignar el manejo de la ENEE a expertos (no por políticos) y con base en resultados.
Sugiere hacer públicas todas las decisiones adoptadas por dicha empresa e implementar sistemas de veeduría social, adjudicar todos los contratos mediante licitaciones internacionales dirigidas por expertos y cumpliendo estándares internacionales, deducir responsabilidades a funcionarios y empresarios que han suscritos estas condiciones y cancelar los contratos amañados.
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