Radio América. El informe presentado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no contiene el soporte técnico de auditoría que determine responsabilidad penal en contra de los defraudadores públicos, señaló un pronunciamiento la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.
En ese contexto, la abogada indicó que “las ocho páginas que contiene el supuesto informe trasladado al ente persecutor del delito (Ministerio Público), no constituye un verdadero documento que contenga un soporte técnico de auditoría, determinando responsabilidad penal en contra de quienes han defraudado las finanzas públicas, específicamente, de los fondos que erogó Invest-H en la compra de los triaje móviles en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19”.
El CNA en su comunicado lamenta que el “Tribunal de Cuentas se haya tomado más de dos meses para sacar como resultado un pasquín, del cual no soporta completamente nada de lo que se manifiesta, porque lo expresado, es lo que la ciudadanía sabe, sin necesidad de contar con una expertiz, ya que es notorio que el director ejecutivo de Invest-H, (Marco Bográn), no consultó al Consejo Directivo de la institución”.
“Que de manera vergonzosa que la conclusión contenida en el documento establece: Concluimos que la dirección ejecutiva de Invest-H no se sujetó al estamento legal que rige el accionar de la institución, evidenciando tal afirmación, la pobreza profesional de quienes elaboraron el informe, sobre todo del aprobante, porque para escribir el renglón y medio no se requiere expertiz alguna, sino de la capacidad copiar y pegar lo de conocimiento público”, subrayó Castellanos.
Asimismo, de que “todo resulta evidente, que, en el fingido informe, impera más el conflicto de intereses de un magistrado, que la obligación institucional; por tanto, las ocho páginas se redactaron por la presión que la ciudadanía ha realizado para obtener resultados inmediatos en el mega fraude”.
En ese sentido, el CNA alertó que “el informe se redactó, con el objeto de abrir aristas que provoquen debilidades en los eventuales requerimientos fiscales que emprenderá el Ministerio Público, por lo que desde ya expresamos, es inaceptable tal irresponsabilidad, en donde no existió capacidades en establecer de quiénes son los responsables, cuáles son las inconsistencias jurídicas que conllevar a determinar la concurrencia de una infracción penal”.
“Dejamos constancia como organización de sociedad civil dedicada a la prevención y combate a la corrupción, de que se están gestando los cimientos de impunidad en el caso de Invest-H a fin de beneficiar a los involucrados en este nuevo latrocinio”, puntualizó la profesional del derecho.
Información: Javier Rivera
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