Radio América. La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, manifestó este miércoles a Radio América que el CNE “desarrolla y trabaja” en un cronograma electoral “adecuado” a las condiciones de crisis humanitaria que vive el país.
La magistrada del organismo electoral aclaró que la puesta en marcha de ese plan no debería implicar la suspensión de plazos para los cuales están eventos importantes como la convocatoria a elecciones primarias en septiembre de este año.
La funcionaria explicó diciendo que el llamamiento al proceso primario en Honduras debe ser ejecutado al menos seis meses antes de los comicios.
Las declaraciones de Moncada se dan en el marco de un supuesto plan que denuncia la oposición para suprimir las elecciones en el país con intenciones reeleccionistas.
Ciertos sectores políticos han salido al paso en los últimos días con la versión de una presunta alteración al calendario electoral aprovechándose la crisis sanitaria por el coronavirus.
“Entiendo el descrédito de la institucionalidad pública y tienen razones para no creerlo”, expresó Moncada, argumentando que el Consejo Electoral se erige constitucionalmente.
Señaló que el CNE se fundamenta como una institución independiente y autónoma y sin relaciones de subordinación a ningún poder del Estado.
La finalidad, acotó, es el acompañamiento de la sociedad civil a modo de poder reconstruir el sistema democrático que ayude a garantizar la no repetición de fraudes como sucedió en el pasado.
El titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, ha reiterado recientemente que el mandatario de la república, Juan Orlando Hernández, estaría aprovechando la situación a fin de “aferrarse al poder” para evadir la justicia norteamericana.
“No patrocinamos los fraudes de ley, ni actos al margen de la ley. Pienso que no debe molestar a nadie promover el cumplimiento de derechos y la promoción de libertades”, dijo.
La abogada Rixi precisó que el papel de magistrados no les faculta para cambiar fechas de elecciones ni la modificación de la norma constitucional.
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