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Comisión Especial del Congreso pide al Ejecutivo no renovar el convenio de la MACCIH

Existe mucha “artimaña” en instituciones del Estado para evitar que la MACCIH continúe en el país: abogado Orellana

Comisión Especial del Congreso pide al Ejecutivo no renovar el convenio de la MACCIH

Radio América. La Comisión Evaluadora nombrada por el Congreso Nacional, recomienda al Poder Ejecutivo, no renovar el convenio con la Misión de Apoyo para el Combate de la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

INFORME:  

Los suscritos miembros de la COMISIÓN ESPECIAL nombrada por el Congreso Nacional, en sesión celebrada en fecha 5 de diciembre del año 2019, con el objeto de que, en el marco de las atribuciones y competencias de este Poder del Estado, establecidas en la Constitución de la República especialmente en los artículos 16, 205 numerales 20, 21 y 30, así como las contempladas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, elabore un Informe y lo presente al Pleno sobre las actuaciones, avances y resultados alcanzados por la la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras MACCIH, en sus 4 ejes de actuación, para el logro de objetivos establecidos en el Artículo 1 del Convenio de instalación de dicha Misión, en los casi 4 años de su funcionamiento. Sobre la tarea encomendada presentamos el siguiente informe:

 

ANTECEDENTES:

 

Primero: Conforme al mandato establecido por el Pleno, esta Comisión, en dicho Informe  debe hacer una relación específica sobre los siguientes aspectos: objetivos y resultados alcanzados hasta hoy; financiamiento de su presupuesto y la forma en que se ejecuta, definir si las actuaciones la MACCIH se han enmarcado dentro de los principios de legalidad, objetividad, independencia de la Justicia, secretividad y reserva de sus investigaciones; definir si en la selección de casos y personas requeridas ha existido selectividad; avance en la investigación de casos de corrupción sucedidos en periodos de gobierno anteriores; resultados concretos de los casos judicializados; respeto por parte de la Misión de la legislación vigente y de las sentencias judiciales; criterio se utiliza para seleccionar los miembros nacionales e internacionales de la Misión; determinar si la inmunidad concedida a los miembros de la Misión se enmarca dentro de la Constitución y las Leyes Hondureñas; determinar si fue legal y apegada a derecho la presencia de la Misión en las etapas de investigación, acusación y juzgamiento a través de los Tribunales anti-corrupción; así como determinar si, son legales o no, las actuaciones de extranjeros en acciones que la Ley regula como exclusivas de autoridades Hondureñas, como ser: allanamientos, secuestros, audiencias judiciales, etc., y otros aspectos que la Comisión considere pertinentes.

 

Segundo: Para el cumplimentado del mandato encomendado, en fecha 05 de diciembre la Comisión Especial ha establecido una ruta de acción, dentro de las cuales se establecen diversas actividades que se desarrollarán para dicho fin, entre ellas solicitudes de información a instituciones, así como diversas entrevistas, con funcionarios y actores que están vinculados con la aplicación y cumplimiento del “Convenio entre la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para el establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MACCIH”, a fin de obtener la información documental y las referencias, explicaciones y razonamientos  que se estimen convenientes conforme a ley.

 

En fecha 06 de diciembre los Diputados Denis Armando Castro y Francisco Paz manifestaron su retiro en el cumplimiento del mandato encomendado, posteriormente en fecha 09 de diciembre recibimos nota de retiro de parte del Diputado Tomás Ramírez.

Tercero: Como primera medida, en el marco de lo establecido en el Artículo 205 numeral 21 de la Constitución de la República, se solicitó información a las siguientes instituciones:

  1. Comisión Nacional de Banca y Seguros.
  2. Instituto Nacional Penitenciario.
  3. Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.
  4. Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL.
  5. MACCIH.
  6. UFECIC.
  7. Procuraduría General de la República.
  8. Tribunal Superior de Cuentas.
  9. Servicio de Administración de Rentas del Estado.
  10. Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

 

La Comisión señaló como fecha límite para la recepción de la documentación el martes 10 de diciembre del presente año a las 12 de medio día.

 

Cuarto: El martes 10 de diciembre a las 12 del medio día esta Comisión se reunió para revisar la documentación remitida por las instituciones requeridas, y se pudo constatar la recepción de la información de las siguientes instituciones:

 

  1. Comisión Nacional de Banca y Seguros.
  2. Instituto Nacional Penitenciario.
  3. Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.
  4. Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL.
  5. Procuraduría General de la República.
  6. Tribunal Superior de Cuentas.
  7. Servicio de Administración de Rentas del Estado.
  8. Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

La UFECIC envío Oficio informando que no está facultada para facilitar la información requerida por este Poder del Estado.

 

En el caso de la MACCIH, no se obtuvo ningún tipo de comunicación o justificación para no atender el requerimiento de información.

 

En relación a la información obtenida de las instituciones requeridas, está Comisión Especial ha podido constatar los siguientes extremos:

 

  1. Comisión Nacional de Banca y Seguros CNBS

En fecha 10 de diciembre de 2019, mediante Oficio P-336/2019 la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) señalo que alguna información que ha sido entregada por la UIF a la UFECIC ha circulado públicamente por diferentes medios públicos en razón de lo cual mediante Oficio P-264/2019, de fecha 16 de septiembre del 2019, la CNBS expresó su preocupación al Fiscal General de la República, (con copia a la Embajadora de la OEA, en Honduras), por la divulgación en medios de comunicación por parte del personero de la MACCIH, en comparecencia públicas y redes sociales entre otros, de la información que es requerida por el Ministerio Público a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, particularmente lo relacionado a la violación, a la reserva y confidencialidad de la información relacionada con la investigaciones, reportes y otros que por petición de la UFECIC son procesados y entregados por la UIF  a la UFECIC, en razón de que la Ley Especial Contra el Lavado de Activos (Art. 87) manda a mantener dicha reserva y confidencialidad la cual comprende la prohibición de revelar dichos asuntos.

Continua manifestando la CNBS, que en dicho Oficio se señaló que el velo del secreto bancario fue levantado únicamente para cumplir con los fines de aplicación de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, por lo que es imperativo para todos su debido cumplimiento y el uso irrestricto para los fines investigativos y de procesamiento penal, “por ello nos ha sorprendido que en algunos casos investigados por la UFECIC,  en las comparecencias públicas, algunos personeros de la MACCIH rindan información sobre algunos resultados de sus investigaciones revelando datos referentes a cuentas bancarias, depósitos y nombre de las instituciones financieras, número de reporte de operación sospechosa, número de Oficio de la UIF”.

 

Así también la CNBS señala que desde la suscripción del Convenio para la instalación de la MACCIH esa Comisión no ha recibido ningún ofrecimiento de colaboración o apoyo de parte de la MACCIH por lo que dicha misión no ha contribuido al fortalecimiento institucional o de capacidades de la CNBS.

  • Al Oficio remitido por la CNBS se adjuntó copia de la documentación que respalda, los extremos relacionados en los párrafos anteriores sobre la filtración de información confidencial.

 

  1. Instituto Nacional Penitenciario

En oficio de fecha 9 de diciembre de 2019, la Directora del Instituto Nacional Penitenciario informó a la Comisión Especial que:

  • No existen políticas públicas en el manejo de centros penales que el Instituto Nacional Penitenciario haya trabajado hasta el momento en conjunto con la MACCIH, para la prevención y combate de la corrupción.
  • En relación al fortalecimiento institucional, únicamente se ha realizado una capacitación al personal operativo y administrativo en la Academia Nacional Penitenciaria.
  • El Instituto no ha realizado conjuntamente trabajos con la MACCIH, solamente ha sostenido dos reuniones durante estos cuatro años.

 

  1. Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

Mediante Oficio número SDE 1988-2019, el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, informó a la Comisión que dicha Secretaría ha desarrollado en coordinación con la MACCIH, las siguientes actividades:

  • Durante los años 2018 y 2019, se han realizado diferentes actividades de Capacitación, en las que han participado diferentes funcionarios de las diferentes instancias de operadores de justicia. Estas son las capacitaciones y procesos se refieren a los siguientes puntos: proyecto borrador de reglamento para la aplicación de la carrera policial, Foro de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, Primer Encuentro de Equidad de Género Avances y Desafíos en la Política de Seguridad Pública, Presentación de propuesta para el Sistema de Justicia Penal Hondureño en el Tratamiento y Gestión de causas de Alto Impacto Social, y un Foro sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos.
  • La MACCIH no participó directamente en el proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, no obstante, presentó lineamientos para la elaboración del reglamento de la carrera policial y se registró consultas sobre los avances en los procedimientos de este proceso de depuración.
    • La Secretaría de Seguridad ha cumplido con sus obligaciones asumidas en el Convenio con la MACCIH, dando acompañamiento al designado de la MACCIH para verificar las recomendaciones dadas por el Diagnóstico de Seguridad Ciudadana, mismo que fue dado por la OEA y brindado un Esquema de la Seguridad Personal a los miembros que conforman la MACCIH donde se asignaron 129 miembros de la Policía, 11 vehículos y 2 casas de seguridad, siendo el presupuesto total de L.61,266,865.68.

     

    1. Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL

    Mediante Oficio de fecha 09 de diciembre de 2019, señala que hasta la fecha la MACCIH no ha colaborado en actividad alguna para el fortalecimiento de dicha institución, ni para la prevención de la corrupción en la misma, tampoco ha participado con la DIDADPOL en ningún momento en el proceso de evaluación y certificación policial, ni se ha realizado ningún trabajo en conjunto con la Misión.

     

    1. Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción UFECIC

    Ante la solicitud de información requerida por la Comisión Especial del Congreso Nacional la UFECIC mediante OFICIO-UFECIC-2400-2019, de fecha 09 de diciembre de 2019, se negó a brindar información, con base a lo establecido en los  artículos 232, 233, 321, de la Constitución de la República, así como por lo señalado en los artículos 25, 92, 93, 275, 278, 283 del Código Procesal Penal; articulo 1 numeral 3), 3, 5 7 8 y 17 de la Ley del Ministerio Público; 51 numeral 13, 14 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público; artículo 12.III del Acuerdo No. FGR-001-2017 de la Creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

     

    1. Procuraduría General de la República PGR

    La Procuraduría General de la República ha informado que ha realizado diversas actividades en coordinación con la MACCIH para capacitar al personal de la Procuraduría en materia de combate a la corrupción.

     

    Por otra parte, añade que “no se desconoce la existencia del Acuerdo suscrito con la MACCIH, en cuanto a no aplicar medidas desjudicializadoras por actos de corrupción; no obstante, la interpretación, aplicación y valor jurídico del acuerdo, debe estar supeditado a la Constitución y a las leyes nacionales, en consonancia con los apartados 7.3 y 8.1.2 del convenio suscrito con la OEA, el diecinueve (19) de enero de dos mil 2016, donde se establece que la MACCIH tomará “las medidas para la ejecución del mismo, con observancia en lo prescrito en el ordenamiento constitucional y legal hondureño”.

     

    Agrega que “han existido discrepancias entre esta institución y algunos funcionarios de la MACCIH que han generado de alguna manera, situaciones contra ciertos procuradores judiciales, que no han contribuido al ambiente armónico, extremo que ha dado pie a que se interprete como injerencia de actuaciones”.

     

    Para el caso específico de una medida de conciliación aplicada por la Procuraduría General de la República a la Diputada Sara Ismela Medina por un delito de falsificación de documentos públicos, la Procuraduría señaló que ante las declaraciones de la MACCIH que generaron desinformación a la ciudadanía se vio obligada a emitir un comunicado indicando el FUNDAMENTO DE LA PGR PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE CONCILIACIÓN.

    Por otra parte, la PGR manifiesta que desconoce si han existido acciones de apoyo contra el combate de la corrupción en y desde el sector privado.

     

    1. Tribunal Superior de Cuentas TSC

    En Oficio Número Presidencia 459/ TSC de fecha 09 de diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Cuentas señala que la Misión Contra la Corrupción y la  Impunidad en Honduras MACCIH, ha emitido una serie de pronunciamientos e informes en los cuales indican la falta de independencia del actual del Tribunal Superior de Cuentas TSC, relacionando investigaciones o auditorías que se están llevando a cabo, entorpeciendo de alguna forma con tales pronunciamientos dichas investigaciones o auditorías, al darlas a conocer sin que estas tengan un resultado final por parte de este Tribunal.- Sumado a ello en dichos pronunciamientos se ha creado falsas expectativas en la población, creando una imagen negativa del ente fiscalizador del Estado.

     

    Por otra parte, el TSC señala que la UFECIC dirigida por la MACCIH ha secuestrado copias fotostáticas de documentos sin orden judicial sobre investigaciones que se encuentran en curso lo que pudiera provocar una duplicidad de esfuerzos y de resultados que pudieran ser contrarios entre ambas instituciones.

     

    Así también señala que no obstante a la existencia de un acuerdo de cooperación suscrito entre la MACCIH y el TSC en al año 2017 no ha habido por parte de la MACCIH acciones orientadas a fortalecer el TSC ni se han realizado en forma en conjunta ningún tipo de trabajo.

     

    1. Servicio de Administración de Rentas del Estado SAR

    En respuesta a la solicitud de información de la Comisión Especial el Servicio de Administración de Renta (SAR) remite informe Ejecutivo de las actividades desarrolladas entre el SAR y la MACCIH, resultando destacable lo relativo al intercambio de información y el fortalecimiento de capacidades institucionales en los que la SAR ha tenido una relación con la MACCIH, en los siguientes puntos:

     

    1. Se redactó el borrador de acuerdo entre el SAR, el Ministerio Publico y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, para la prevención e investigación de la Corrupción en el marco de la administración tributaria el cual fue remitido para aprobación al señor Luis Antonio Marrey en fecha 22 de noviembre del 2018, sin embargo, a la fecha, la MACCIH aún no ha procedido a su suscripción. por lo que el mismo aún no se ha formalizado. (Se adjuntó copia de nota de fecha 29 de noviembre del 2018 y borrador de acuerdo remitido por la SAR al representante del Secretario General y Vocero de la MACCIH-OEA)

    Durante el mes de noviembre de 2018, el SAR impartió un curso de formación para la MACCIH, dirigido a actores involucrados en el proceso de administración de justicia (jueces, magistrados, fiscales, investigadores, analistas informáticos, analistas criminales y analistas financieros).  La colaboración de la MACCIH consistió en coordinar la convocatoria a fin que los participantes de otras.

    1. instituciones relacionadas al sector justicia pudieran recibir dicha capacitación, la cual, reitero, fue impartida por funcionarios del SAR.
    2. A la fecha, la administración tributaria no ha recibido de parte de la MACCIH apoyo o colaboración para prevenir, investigar, y/o sancionar actos de corrupción dentro de la institución; sin embargo, ello no implica que la administración tributaria impulsada por la convicción de mejorar la institucionalidad, haya dejado de emprender acciones para prevenir, investigar y/o sancionar actos de corrupción, citando como ejemplo, el profundo proceso de reforma que ha sufrido la administración tributaria desde el año 2014 que generó la supresión de la antigua administración tributaria debido a diferentes indicios no sólo de actos de corrupción de los funcionarios que ahí laboraban, si no también debido a indicadores organizacionales alarmantes para una institución que administra los ingresos tributarios del país, adoptando medidas administrativas para prevenir actos de corrupción incluyendo la aplicación de distintas pruebas para medir el nivel de susceptibilidad de los funcionarios a cometer actos reñidos con la ley, la aplicación de pruebas de confianza e incluso, la aplicación de estudios socioeconómicos para determinar el crecimiento proporcional de su patrimonio con los ingreso que perciba durante su relación laboral con la SAR.
    3. La SAR por esfuerzos propios, sin contar con la participación de la MACCIH, con el propósito de mejorar la coordinación con otras instituciones del Estado relacionadas con el sector justicia, incluyendo el Poder Judicial y el Ministerio Público, ha desarrollado varias actividades y generado espacios para desarrollar acciones conjuntas, prueba de ello, es la fuerza Nacional Anti evasión por parte del Consejo Nacional de Defensa y seguridad, la cual cuenta con la participación del MP y la PGR. Además, se han impartido jornadas de capacitación a distintos operadores de justicia en temas tributarios.

     

    1. Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas SEFIN

    En Oficio Remitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, de fecha 10 de diciembre del año 2018, se logó establecer que, a la fecha, la Secretaría de estado en el Despacho de Finanzas no ha establecido ningún instrumento de colaboración, ni con el Ministerio Publico ni con la UFECIC, ni con instancias de apoyo, ni colaboración a esas dependencias, para el fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y prevención de la Corrupción; en el caso específico de la Documentación relacionada a la Secretaría de Finanzas no se identificó supuestos de filtración por parte de la MACCIC-UFECIC de la documentación secuestrada en dicha Secretaría.

     

    Dicha Secretaría informó, además, que toda la Documentación requerida por la MACCIH-UFECIC ha sido entregada voluntariamente, por lo que no ha sido necesario que se inste el secuestro ante los órganos judiciales. La Secretaría de Estado en el Despacho de Fianzas, además informó que en los casi 4 años de funcionamiento de la MACCIH no se han realizado trabajos conjuntos.

     

     

     

    HALLAZGOS:

  • 2-.La independencia Judicial es una garantía establecida en la Constitución de la República[1] y diversos convenios internacionales, sin embargo dicha independencia se ha visto lesionada por la MACCIH al atacar públicamente el criterio de los órganos jurisdiccionales que hacen una valoración independiente, y no necesariamente bajo la misma línea de criterio de la MACCIH sobre los casos presentados con el acompañamiento de esta Misión, perdiéndose desde todo punto de vista la autonomía de la decisión jurisdiccional. Al respecto pueden verse las acciones de la MACCIH sobre la Magistrada Alma Guzmán, por su actuación en el caso Red de Diputados[2], Ejemplo lo publicado por el en ese entonces, vocero de la Maccih, al señalar “fuga de información y retardo en decisión permitió a defensa de imputados presentarse voluntariamente para utilizar argumentos de no fuga. Pero resolución de juez natural, Alma Guzmán, no atiende fundamento de obstrucción de justicia”, donde el Poder Judicial se vio en la obligación de emitir un comunicado de prensa mediante el cual condena la presión ejercida por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en torno al libramiento de órdenes de captura contra cinco diputados vinculados a actos de corrupción. 

    En ataque a dicha independencia judicial, se encuentra el mensaje publicado a través de redes sociales por la UFECIC en el que señala “1/2 a punto de cumplirse un año de haberse Dictado Auto de Formal Procesamiento contra imputados en el caso pandora y Sala Penal aún no se pronuncia sobre Recursos interpuestos, por lo que se corre el riesgo de que los únicos imputados en prisión preventiva queden en libertad”. “2/2 de igual manera, a seis meses de que la Sala de los Constitucional declaró Inconstitucional reforma a la Ley del Presupuesto, que permitió archivo de caso Red de Diputados, el caso sigue archivado…”.

     

    3-. Esta Comisión identificó que, es un actuar constante de la MACCIH celebrar ruedas de prensa sobre casos que estaban siendo objeto de investigación por la UFECIC, presentando ante los medios de comunicación, imágenes y nombre de las personas investigadas, incluso sin haberse presentado requerimiento fiscal, tal es el caso de lo señalado el jueves 26 de enero de 2018, en el que el vocero de la MACCIH expresó que  se había iniciado un proceso de investigación Penal contra el Presidente de un Poder del Estado, y 60 diputados por “drenar fondos públicos a través de ONG’s”,  lo cual lesiona lo establecido en el Artículo 89 de la Constitución de la República;  Artículo 2 del Código Procesal Penal, y 8 de la Convención interamericana de Derechos Humanos; al exhibir como culpables a investigados, sin que exista una sentencia judicial. Violentando además lo establecido en el Artículo VII numeral, 7.4 del Convenio que señala “La MACCIH garantizará la confidencialidad de todas sus actuaciones”.

     

    Asimismo, la MACCIH a través de su vocero Oficial en fecha 24 de enero del 2018, denuncio de forma pública al Congreso Nacional de la República, de ser parte de un pacto de impunidad, determinando como inconstitucionales las disposiciones adoptadas por el Congreso Nacional respecto al presupuesto, sin que existiera al respecto un fallo de la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Indicando en sus declaraciones que las actuaciones del Congreso Nacional podrían dar[1]  Artículo 303 constitucional: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrado y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes”.

    [2] Juan F Jimenez Mayor (@JuaJimenezMayor) December 13, 2017. Así también en fecha 6 de junio en un evento de American University en Washington DC, la vocera de la Maccih señala que  combatir la corrupción en Hodnuras “significa enfrentarse a retos muy duros … un poder legislativo que puede procurar que las leyes favorezcan la impunidad, debilidad institucional, inexistencia de una legislación anticorrupción”.

  • lugar a interpretaciones tendenciosas a la excarcelación de personas condenadas por casos de corrupción como el del Seguro Social.En sus declaraciones acusaron al TSC de no brindar las garantías para investigaciones técnicas dadas las características políticas de su constitución, declaraciones que van en menoscabó de los órganos contralores del Estado, sin que hasta la fecha lo MACCIH hubiese presentado un diagnostico como herramienta para el fortalecimiento de dicho ente contralor.

     

    4-. El Artículo VII del Convenio para la Instalación de la MACCIH en su numeral 7.5. establece que “Si en el desempeño de sus funciones, la Misión encuentra un obstáculo, éste se intentará resolver en primera instancia a nivel de la persona encargada del departamento o de la unidad de la institución respectiva, en segunda instancia con la autoridad superior de la institución y en tercera instancia por medio del enlace con el GOBIERNO. Si no se puede solucionar la situación, esta sería señalada en el informe semestral de la MACCIH al Secretario General. Sin embargo, es apreciación de esta Comisión, que en la práctica, dicho Artículo fue violentado por la Misión en repetidas ocasiones, un ejemplo de ello es el Comunicado de la MACCIH sobre el Proyecto que reforma la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de Honduras, de fecha 24 de enero de 2019, donde la MACCIH emitió un comunicado atacando el Dictamen elaborado por la Comisión del Congreso Nacional, sin previamente tener un acercamiento con la misma, ni con autoridades de este Poder del Estado, así también, previo a la emisión del Informe correspondiente ante el Secretario de la OEA atacó el accionar de la Procuraduría General de la República por aplicar disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal en relación a la medida de conciliación.

     

    Esta inobservancia de lo establecido en el Artículo VII del Convenio para la Instalación de la MACCIH en su numeral 7.5, puede apreciarse además en relación a la solicitud de información a la MACCIH, por parte de esta Comisión Especial, ya que en lugar de dirigirse a la Comisión del Congreso Nacional para indicar los obstáculos para dar cumplimiento a lo solicitado, como lo señala el Convenio, o ante la falta de acuerdo con la Comisión para solucionar el obstáculo, ante el titular de este Poder del Estado, la MACCIH acudió a los medios de comunicación filtrando el requerimiento de información  remitido por la Comisión, generando confusión y estigmatizaciones hacia los integrantes de la Comisión y este Poder del Estado, apreciándose que en la práctica.

     

    Las expresiones de la MACCIH pueden verificarse además en las notas publicadas en varios medios de comunicación (diario El Heraldo 05 y 06 de agosto de 2019), en relación a las medidas desjudicializadoras.[1]

     

    5-. Esta Comisión pudo tomar el testimonio de tres personas, quienes manifestaron que fueron citadas por la UFECIC para rendir declaración, sin informales en qué condición era dicha citatoria, ni en qué casos, al comparecer a rendir declaración no se les permitió ingresar con profesional del Derecho ni se les quiso entregar copia de la declaración a pesar de haberlo solicitado expresamente.

    Que asimismo se conoce de casos en los cuales se ha extendido la secretividad de actuaciones hacia el propio investigado lo cual violenta lo dispuesto en el artículo 90, párrafo primero de la Constitución de la República y párrafo penúltimo del artículo 101 del Código Procesal Penal.

     

    1. El Código Procesal Penal, en su Artículo 275, establece obligaciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar, señalando que, en la práctica de toda diligencia investigativa, las autoridades encargadas de la investigación preliminar guardarán el más absoluto respeto a los derechos individuales consagrados por la Constitución de la República, por los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte y por éste Código. Las informaciones obtenidas sólo podrán utilizarse para las finalidades investigativas propias de las autoridades referidas, debiendo guardarse la más absoluta reserva para cualquier otro efecto, so pena de incurrir en el delito de violación de secretos”, sin embargo, ni la propia UFECIC han iniciado acciones penales por la filtración a través de redes sociales de documentación entregada, a funcionarios de dicha dependencia.

     

    1. Esta Comisión ha identificado que la MACCIH no actúa en todos los casos de corrupción que se presentan en el país, sino que hace una selección o escogencia, sin que hayamos podido identificar de manera objetiva cuales son esos criterios que justifican abstenerse de ejercitar acciones penales en determinados casos, a pesar de que esta Comisión envió oficio a la MACCIH solicitando aclarar dichos criterios, la petición fue ignorada. La falta de claridad afecta la percepción ciudadana sobre rumores referentes a que la selección obedece a criterios basado en ideologías políticas o Justicia Selectiva.

     

    Esta situación lleva a la UFECIC a violentar lo establecido en el artículo Artículo 93 del Código Procesal Penal que se refiere a  objetividad,  el cual obliga a que dichos funcionarios en el ejercicio de sus funciones actuarán con absoluta objetividad y velarán por la correcta aplicación de las leyes penales, ya que la UFECIC debe informar a la MACCIH los casos previo a ser investigados, lo cual genera que al ser estos quienes determinan si son o no de impacto, se violenta el principio de objetividad en la investigación de casos.

     

    8-. Tomando en consideración que el Código Procesal Penal hace diferencia entre, comiso, incautación y secuestro, variando los requisitos de procedibilidad para cada uno de ellos, en el caso del Secuestro de documentos el Código establece en su Artículo 219 que las órdenes de secuestro serán expedidas por el juez, mediante resolución motivada. Cuando la autoridad policial tenga conocimiento de la existencia de cosas que deben ser secuestradas por su relación con un delito, solicitarán de inmediato al juzgado competente la orden correspondiente y protegerán aquéllas para evitar su ocultamiento, sustracción o destrucción. El juez resolverá de inmediato la petición de secuestro”, sin embargo, la MACCIH-UFECIC realizan secuestros de documentos sin orden judicial, tal como lo ha señalado en el informe remitido a esta Comisión por el TSC.

     

    9-. La participación de la MACCIH en la elección, nombramiento, evaluación de jueces de tribunales anticorrupción, y de los fiscales y personal que integra la UFECIC violenta el principio de objetividad, el cual se relaciona con el Artículo 13 del Código Procesal Penal que establece el principio de igualdad de los intervinientes en el proceso, y  obliga a jueces y magistrados a velar por esa efectiva igualdad, sin embargo en el presente caso al haber creado el Poder Judicial un circuito anti corrupción en donde la función jurisdiccional es ejercida por personas evaluadas y certificadas por la MACCIH y ser los fiscales que intervienen en dichos procesos asignados y valuados por la MACCIH,  se pierde el derecho a ser juzgado por un tercero imparcial, puesto que al estar supeditados al Convenio de la MACCIH se violenta la autonomía de la decisión jurisdiccional.

     

    Que asimismo la creación de nuevas instancias para el juzgamiento de los supuestos responsables de los delitos de corrupción, contraviene lo establecido en el Código procesal Penal en su Artículo 54, que establece “Corresponderá a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas. Los órganos de la jurisdicción penal tendrán, con exclusividad, la potestad pública para conocer los procesos penales, resolverlos y ejecutar sus sentencias.” Por lo que no es legal y apegado a derecho la presencia de la Misión en las etapas de investigación, acusación y juzgamiento a través de los Tribunales anti-corrupción.

     

    1. Si bien es cierto la Convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas estable el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal, civil y administrativa del Estado receptor, dicha convención señala, que a inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante, situación que en el caso de los empleados nacionales en la MACCIH genera ambigüedad pues el Estado acreditante es el mismo estado Hondureño, pudiendo generarse impunidad por los delitos que sean cometidos por estos en el ejercicio de sus funciones.

     

    11-. Por otra parte, se ha podido constatar que personal extranjero de la MACCIH participa activamente en las ejecuciones de allanamiento, secuestros, comisos e incautaciones, cuando dicha facultad está reservada para nacionales del estado de Honduras y en ningún momento se ha designado a los miembros extranjeros de la MACCIH. Ya que con dicha intervención se violenta la función del Ministerio Publico según lo establecido en el artículo 92 del Código Procesal Penal,Corresponderá al Ministerio Público, por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública en representación de la sociedad, sin perjuicio de la legitimación de la Procuraduría General de la República, para ejercitar la acción penal en materias propias de su competencia”.

     

    1. La Comisión ha podido identificar además que, a través de medios de comunicación y redes sociales, se ha filtrado documentación, que es parte de procesos judiciales, y que fue entregada a la MACCIH con fines probatorios en un proceso penal. ejemplo: La Comisión Especial con base a la documentación revisada pudo constatar la filtración de la información financiera facilitada por la UIF a la UFECIC en los medios de comunicación y en redes sociales, lo cual incumple lo establecido en el Artículo VII numeral, 7.4 del Convenio que señala “La MACCIH garantizará la confidencialidad de todas sus actuaciones”, cometiéndose a su vez el delito de infidencia, al tenor de lo establecido en el Artículo 30 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, la cual indica que “Queda prohibido a las instituciones supervisadas y no supervisadas por la Comisión, poner en conocimiento de persona alguna, el hecho que una información haya sido solicitada por la autoridad competente o proporcionada a la misma. El funcionario o empleado de las instituciones supervisadas y no supervisadas por la Comisión que incumplan lo establecido en esta disposición incurrirá en el delito de Infidencia, será sancionado con tres (3) años a seis (6) años de Reclusión. En igual pena incurrirán quienes siendo directores, propietarios, o representantes legales de dichas instituciones, infringieren la expresada prohibición”.

En la Documentación remitida por la CNBS, está Comisión pudo identificar una copia de fotografía que fue divulgada por el Noticiero Univisión, se puede identificar que esa imagen es de un reporte que la UIF envió a la UFECIC, pues consta en su superior se observa que aparece un sello de Folio de la UFECIC, folio 3519, lo cual indica que esa foto la tomaron del expediente que forma y custodia la UFECIC.  Siendo evidente que ellos revelan esa información a medios de comunicación para que circulen por todos lados.

 

13.- Esta Comisión  ha identificado que en múltiples ocasiones que funcionarios de la UFECIC  han participado en ruedas de prensa y han emitido declaraciones ante los medios de comunicación sobre casos que están en proceso  de investigación en dicha unidad lo cual tal como lo menciona el fiscal jefe de la UFECIC en Oficio- UFECIC 2400-2019, remitido a esta comisión trasgrede las competencias que conforme a los artículos 232, 233, 321, de la Constitución de la republica poseen dichos funcionarios, así como por lo señalado en los artículos 25, 92, 93, 275, 278, 283 del Código Procesal Penal, articulo 1 numeral 3), 3, 5 7 8 y 17 de la Ley del Ministerio Público 51 numeral 13, 14 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico articulo 12.III del acurdo número FGR-001-2017 de la Creación de la Unidad Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción UFECIC, un ejemplo de ello es las declaraciones rendidas ante los medios de comunicación por el Abogado Juan Carlos Griffin en agosto del 2019, referente al rechazo de la conciliación entre la Diputada Sara Medina y la Procuraduría General de la República.

 

  1. En cumplimiento de lo establecido en Artículo XII, párrafo 12.3, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Seguridad ha brindado un esquema de seguridad personal a los miembros que conforman la MACCIH, para lo cual se asignaron 129 miembros de la Policía, 11 vehículos y 2 casas de seguridad, cuyo presupuesto asciende a L.61,266,865.68 (SESENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, PUNTO SESENTA Y OCHO).

 

  1. En referencia a la línea de acción 2.1. Prevención y Combate a la Corrupción numeral 3.1.1. en lo que se refiere a que jueces y fiscales internacionales seleccionados por la MACCIH, para acompañar el trabajo de investigación sobre casos de corrupción de Honduras supervisaran las labores y brindaran apoyo técnico a las entidades de justicia, la Comisión Especial desconoce los criterios utilizados para la selección de estos profesionales, esto se menciona en relación a las declaraciones realizadas el 18 de octubre del 2017, por el vocero Oficial de MACCIH Juan Jiménez quien mediante rueda de prensa presentó como nueva fiscal internacional de la Misión a la colombiana Marta Ladino, para acompañar el trabajo de investigación sobre casos de corrupción de Honduras, quien al ser presentada se destacó su amplia experiencia como fiscal antidrogas, de homicidios y lavado de activos, sin embargo, bajo las investigaciones realizadas por la Comisión Especial se conoció que en el año 2012, por instrucciones del Fiscal General Eduardo Montealegre, la misma fue relevada del cargo de jefe de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la Fiscalía de Colombia, debido a una serie de denuncias por presuntas presiones para frenar investigaciones o cambiar su curso, mismas que fueron interpuestas en su contra por al menos siete fiscales, bajo su cargo.
    1. En Materia de Seguridad Pública, se han identificado los siguientes hallazgos:

    – En relación al Artículo VI “Apoyo al fortalecimiento de la Seguridad Publica” 6.1.1.2 referente a digitalizar, incorporar y asegurar e inter-operatividad de la información, la MACCIH no ha realizado aportes en esa materia por parte de la MACCIH hacia las instituciones responsables.

    – La MACCIH no participó directamente en el proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, no obstante, presentó lineamientos para la elaboración del reglamento de la carrera policial y se registró consultas sobre los avances en los procedimientos de este proceso de depuración. Ni ha realizado actividades de apoyo a la DIDADPOL.

     

    17-. La Comisión ha identificado, que si bien es cierto la MACCIH ha realizado acciones en relación al combate a la corrupción, estas han sido reactivas y de forma aislada, sin existir una visión estructural que permita atacar y evitar el rebrote de la corrupción. Por otra parte, ha podido identificar que desde el Estado se está desarrollando una estrategia nacional de Transparencia y prevención de corrupción que es importante fortalecer, resultando destacables los siguientes puntos:

     

    1. Declaración para Consolidar a Honduras como Estado Abierto e instalación de la Mesa Interagencial de Transparencia y Anticorrupción.– Dentro del marco de las acciones para garantizar una mayor transparencia los representantes de los tres poderes del Estado, el Servicio de Administración de rentas del Estado, la Secretaría de Finanzas, el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, y la Procuraduría General de la República, el 16 de mayo de 2018, firmaron la “Declaración para Consolidar a Honduras como Estado Abierto”, y como parte de los compromisos de dicha declaración el 31 de julio se firmó el “Acuerdo de Cooperación para la Instalación de la Mesa Interagencial de Transparencia y Anticorrupción”.
    2. Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención a la Corrupción. – La discusión e implementación de esta política, constituye el primer producto de la Mesa Interagencial de Transparencia y Anticorrupción. Uno de los compromisos contenidos en dicha política es el de elaborar planes de acción de trasparencia y estado abierto, conforme a los lineamientos de OGP. Esta Comisión ha tenido en sus manos el Borrador de la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención a la Corrupción, la cual está a espera únicamente de socialización y aprobación.

     

     

    CONCLUSIONES:

     

    Para esta Comisión es oportuno señalarle al Pleno que, al tenor de lo establecido en la Constitución de la República, artículo 205 numeral 21, el cual establece literalmente corresponde al Congreso Nacional … “21) nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional. La comparecencia a requerimiento de dichas comisiones será obligatoria bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial”. Por lo que el haberse negado por parte de la Misión el envío de la información requerida constituye desobediencia en los mismos términos que a un juez, por lo que esta acción no debe pasar desapercibida por las diferentes autoridades de nuestro país.

  2. En relación al mandato establecido por el Pleno, esta Comisión, concluye lo siguiente:
    1. No se pudo conocer el presupuesto ejecutado por la MACCIH durante los cuatro años hasta el día de hoy, porque la Misión se negó entregar esta información para conocimiento de la población hondureña.
    2. No se pudo determinar los CRITERIOS utilizados por la MACCIH en la selección de casos en los cuales participa, sin embargo, es de público conocimiento que no existe ninguna acción judicial en los casos: CASO IV URNA O CARRETILLAZO; AVIÓN JET NARCO DEJADO ABANDONADO EN TONCONTÍN; CASO SOBORNOS HONDUTEL FUNCIONARIOS “A” y “B”; CASO INJUPEMP; todos ellos del periodo 2006-2010 y que formaban parte del listado original de 12 casos que le fueron entregados, sumando a ello; tampoco existe acción judicial en los casos referentes al Fondo Departamental 2006-2010, caso denunciado por el ex administrador de casa presidencial Rafael Barahona sobre pagos ilegales efectuados a exministros de ese periodo de gobierno y personas allegadas, sobornos pagados para la aprobación de ALBA y PETROCARIBE, manejo irregular de fondos de la estrategia de reducción de la pobreza, entre otros.
    3. Igualmente, por la desobediencia a la entrega de información por parte de la Misión, no se pudo determinar porque razón en el caso conocido como “Red De Diputados”, aunque aparecen en la parte inicial del requerimiento fiscal, fueron excluidos de la condición de acusados 5 diputados de la entonces bancada del Partido Libertad y Refundación LIBRE.
    4. A criterio de esta Comisión ha existido una flagrante violación en la secretividad de las investigaciones que realiza la Misión, pues es de público conocimiento que sus propio voceros han revelado de forma ilegal, nombres y casos que están en procesos de investigación, al grado que se le ha entregado fotocopias de documentos relacionados a periodistas internacionales, ejemplo de ello lo que ha denunciado la Comisión Nacional de Banca y Seguros CNBS, cuando se ha revelado de manera ilegal, información bancaria de personas.
    5. La Comisión concluye que las acciones de la MACCIH han violentado la independencia de los órganos constitucionales contralores como el Tribunal Superior de Cuentas, de investigación (Ministerio Público) y de juzgamiento, al grado que se ha denunciado presión ilegal a jueces, incluso hacia los integrantes del más alto Tribunal del país.
    6. La creación de Tribunales Anti-corrupción, y designación de sus jueces y funcionarios bajo un proceso con participación de la Misión ha derivado en sendas denuncias de parcialidad, al grado que las resoluciones emitidas en la primera instancia de este circuito, en su mayoría han sido revocadas o sustituidas.
    7. Al igual se ha denunciado con carácter de ilegalidad la participación de extranjeros en actividades que son exclusivas de autoridades hondureñas, como allanamientos, secuestros de documentos, presencia en audiencias judiciales y posterior a estas el uso de redes sociales para presionar las resoluciones que deben tomar los jueces después de suspendidas dichas audiencias.
    8. La Comisión concluye que ha existido una violación al principio de legalidad por parte de los miembros de la Misión, cuando se desconoce abiertamente por parte de éstos, la vigencia de leyes y decretos y el respeto que toda autoridad debe tener por esta legislación.
      1. A 4 años de funcionamiento de la Misión, los logros obtenidos y que son de público conocimiento son muy escasos, pues existe errado planteamiento de la calificación de los delitos en los requerimientos fiscales, en las peticiones que en las audiencias se formulan ante los órganos jurisdiccionales, lo que ha ocasionado violaciones del debido proceso, los Derechos Humanos de los acusados y el estado de inocencia de las personas.
      2. Esta Comisión, al igual que países cooperantes, reconoce los esfuerzos realizados y logros alcanzados por las actuales autoridades que rigen el Ministerio Público y el Poder Judicial para reducir los índices de impunidad, fortaleciendo la investigación penal, capacitando a los funcionarios, e implementando reformas institucionales, en el combate a la corrupción; esfuerzos que merecen el apoyo presupuestario constante del Congreso Nacional.

       

      RECOMENDACIONES:

       

      En razón de lo antes expuesto, está Comisión Especial, recomienda:

      1. Con la finalidad de que el Poder Judicial y el Ministerio Público puedan continuar con las acciones emprendidas en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y puedan continuar con el fortalecimiento de su institucionalidad, el Congreso Nacional revise anualmente el presupuesto asignado, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, y lo incremente en base a sus necesidades de contratación, formación de personal y fortalecimiento institucional.

       

      1. Se debe fortalecer la legislación actual, al igual que los presupuestos asignados al Tribunal Superior de cuentas a efectos de que se realicen de la forma más amplia y correcta posible, las auditorias de todos los fondos públicos, manejados por las diferentes instituciones, así como que se fortalezcan los mecanismos de prevención en temas de corrupción.

       

      1. Es imprescindible que para alcanzar el Estadio de desarrollo que todos aspiramos se debe fortalecer el Estado de Derecho, el respeto a la independencia de nuestras instituciones, el fortalecimiento de las mismas, la creación de una Política Nacional Anticorrupción, pero sobre todo la implementación de una cultura de trasparencia en todos los servidores públicos y ciudadanos.
      2. A través de dicha política, se deben establecer nuevos métodos de contracción pública y certificaciones de personal, trasparencia en el manejo de los recursos públicos, políticas de prevención de corrupción e instancias administrativas de control del ejercicio de la función pública, y un nuevo mecanismo de rendición de cuentas sobre los procesos de contratación del Estado.

       

      1. Se deben tomar medidas para fortalecer la institucionalidad del Estado de Honduras y garantizar el respeto a su soberanía, el imperio de su Constitución y el respeto a la Ley, por lo que:

      Respetuosamente se le pide al Poder Ejecutivo que, en base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes expuestos derivados de los informes presentados a esta Comisión por parte de las diferentes instituciones, los que evidencian violaciones a derechos, garantías y principios constitucionales, manifiesto irrespeto de la ley y convenios internacionales: NO SE RENUEVE:

    9. EL ACTUAL CONVENIO HONDURAS-OEA QUE CREÓ DICHA MISIÓN.

       

      Respetuosamente solicitamos al Presidente de este Pleno, que someta a votación el presente informe para su aprobación y el envío de una certificación del mismo al Poder Ejecutivo para los efectos correspondientes.

       

       

      Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, _______ de ______________________ de 2019.

       

       

       

       

       

      COMISIÓN ESPECIAL

       

       

       

      FELICITO ÁVILA

      (PRESIDENTE)

       

       

       

        DUNIA ORTIZ LEONOR OSORIO

       

       

       

        WALTER CHÁVEZ JUAN CARLOS ÁVILA

       

       

       

        SERGIO FIGUEROA ERIK ALVARADO
         

       

       

       
         

       

       

 

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