Radio América. Ante el requerimiento presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) en caso «Red de Corrupción en el Congreso Nacional», el diputado German Altamirano, expresó, «nos alegra que en eso la fiscalía comience a dar pasos agigantados, un secreto a voces del saqueo de los recursos del pueblo hondureño».
En ese contexto el parlamentario del Partido Libertad y Refundación (Libre), espera que sin distingo de colores haya una «avalancha» de acusaciones en contra de ex diputados que cometieron irregularidades.
«Nosotros desde los puestos que ocupamos, tenemos que dar el ejemplo de transparencia y honestidad, sobre todo en hacer las cosas bien», apuntó el parlamentario en Radio América.
Altamirano, ante la incesante corrupción, arguyó que el fortalecimiento de la UFERCO es el combate frontal de la corrupción, para castigar a quienes realizan ilícitos que empobrecen a la población.
Sin embargo, el entrevistado enfatizó que las acusaciones deben estar fundamentadas bajo un esquema jurídico para que los requerimientos no queden en «llamarada de tusa» ante el saqueo de fondos con utilización de ONGs.
Hace unas semanas, un informe presentado por el presidente del Legislativo, Luis Redondo, reveló el despilfarro de casi 3 mil millones de lempiras en el Congreso Nacional en la administración anterior.
Políticos implicados en saqueo de fondos del Parlamento de Honduras
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó este martes requerimiento fiscal en contra de un diputado, cuatro exdiputados y representantes legales de dos ONGs, a quienes se les vincula en «operaciones fraudulentas y saqueo de fondos» del Parlamento de Honduras.
El Ministerio Público indicó que la UFERCO presentó requerimiento fiscal contra el diputado Alberto Chedrani, del ahora opositor Partido Nacional, y los exdiputados Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz, José Vicente León y Rodimiro Mejía Merino.
El requerimiento también fue presentado contra dos contadores de las mismas ONGs y otras cinco personas particulares.
Según las investigaciones, los delitos señalados se cometieron entre los años 2013 y 2017, y los implicados actuaron en colusión con las ONG’s Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE) e Impulso Solidario (OIMSO).
En el caso de las personas particulares, estuvieron encargadas de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre, señaló el Ministerio Público, del que depende la UFERCO.
Indicó, además, que las imputaciones contra Alfredo Chedrani y José Vicente León, son por «fraude y lavado de activos», mientras que en el caso de Oswaldo Ramos Soto y Ricardo Antonio Díaz, «por fraude».
Los otros implicados habrían incurrido en «fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos», lo mismo que en «encubrimiento por receptación agravado» y «falsificación de documentos».
Información: Héctor Murillo
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