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Defensores de la soberanía (1)

Venezuela, transición democrática

Defensores de la soberanía (1)

Defensores de la soberanía (1)

Por Carlos López Contreras

Esta serie de 4 artículos muestra a los consultores internacionales que han asesorado o defendido a Honduras en juicios internacionales, con la siguiente excepción.

Un defensor espontáneo

Así se nos presenta James Buchanan, exsecretario de Estado, ministro en Londres y expresidente de Estados Unidos de América de 1857 a 1861.

A raíz de la disolución de la Federación Centroamericana en 1838, Inglaterra promovió el establecimiento de una cabeza de playa en la zona de La Mosquitia y en las Islas de la Bahía, previendo un canal interoceánico por el río San Juan o un ferrocarril interocéanico por territorio hondureño, que favorecerían sus intereses comerciales.

Esa estrategia británica entró en conflicto con la expansión territorial de Estados Unidos de América que ya se había convertido en ribereño del océano Pacífico, con intereses globales en 2 océanos. Para resolver sus diferencias en el mar Caribe, las dos potencias marítimas suscribieron en 1850 el Tratado Clayton-Bulwer.

No obstante su vigencia, en marzo de 1852 Gran Bretaña, declaró oficialmente a las Islas de la Bahía una colonia británica, generando nuevas tensiones con Estados Unidos. Así, en 1852 el Senado de los Estados Unidos denució la colonización británica de las Islas de la Bahía como violación al Tratado Clayton-Bulwer y la Doctrina Monroe.

El ministro estadounidense en Londres, James Buchanan, retomó el reclamo expresando al gobierno británico que la colonización de las Islas de la Bahía y la ocupación de territorios centroamericanos en La Mosquita carecían absolutamente de méritos jurídicos.

Con estos antecedentes, Gran Bretaña habiendo experimentado dos confllictos armados con Estados Unidos, prefirió negociar con Honduras el Tratado Cruz-Wyke suscrito el 28 de noviembre de 1859, por medio del cual reconoció soberanía hondureña sobre las Islas de la Bahía y la costa norte de Honduras en el sector de La Mosquitia.

El arbitraje de 1906

Las diferencias territoriales, surgidas en el siglo XIX con Nicaragua fueron resueltas por medio del Laudo Arbitral de Su Majestad Alfonso XIII, Rey de España, el 23 de diciembre de 1906.

En el arbitraje, actuó como abogado de Honduras don Francisco Silvela, abogado, dirigente del Partido Conservador, diputado, ministro de Gobernación (1879, 1890), de Gracia y Justicia (1885) y dos veces presidente del gobierno (1899-1900, 1902-1903). Silvela fue también destacado ensayista y escritor, perteneciendo a las Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas, de la Lengua y de Jurisprudencia. Honduras tenía un excelente abogado.

Del lado de Nicargua, su abogado fue Antonio Maura, destacado político dentro del liberalismo, que fue diputado, vicepresidente del Congreso, secretario de Estado en varias carteras y cinco veces presidente del gobierno español.

En 1902, por acuerdo con Francisco Silvela, Maura ingresó en el Partido Conservador, convirtiéndose en la figura clave de la política española de las primeras décadas del siglo XX. Nicaragua también contaba con excelente abogado.

De esta suerte, la controversia territorial entre Honduras y Nicaragua implicaba un duelo entre titanes políticos y las mejores espadas jurídicas de España.

Al fallecer don Francisco Silvela, le sucedió en la representación legal de Honduras su hijo, don Jorge Silvela y Loring.

No obstante la claridad del laudo, su ejecución resultó complicada. Por tal motivo, en 1918 para la ejecución del laudo representó a Honduras el profesor John Basset Moore, considerado una autoridad en asuntos internacionales. Nació en el estado de Delaware, Estados Unidos de América, llegó a ser secretario de Estado por varios meses en 1898, y fue juez de la Corte Permanente de Justicia Internacional de 1920 a 1928.
Ejecución del Laudo Arbitral

Ante la resistencia de Nicaragua, fue necesario someter la validez y obligatoriedad del Laudo a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, donde actuaron como consultores y abogados de Honduras los profesores Paul Guggenheim, Charles De Visscher, Paul De Visscher, Herbert W. Briggs y Christian Dominice, todos eminentes juristas europeos, salvo Herbert Briggs que era estadounidense.

Para atender las necesidades de traducción de documentos legales, el gobierno contrató un personaje de leyenda: Arias de Saavedra y Muguelar, Barón de Canet de Berenguer. Un caballero español, de familia noble de Valencia, nacido en Francia, con una memoria fantástica. Conocía a todas las personalidades relevantes de Honduras con solo oír los comentarios que sobre ellos hacían los hondureños que llegaban a La Haya; decía sentirse en fuego cruzado ante los intercambios verbales de los agentes Ramón Ernesto Cruz (nacionalista) y José Ángel Ulloa (liberal) y se sorprendía cuando oía que diplomáticos honduerños se quejaban: “Es que la Cancillería no contesta”.

Arias era un hombre de relaciones humanas, y como gran anfitrión recibía muchas personalidades en su casa en La Haya. El 17 de noviembre de 1959, un día antes de que se dictara el fallo de la Corte, decidió poner a prueba a la Cancillería, dirigiendo un cable al canciller Andrés Alvarado Puerto que decía: “Felicítole efusiva y anticipadamente, éxitos. Afectísimo. Arias de Saavedra y Muguelar, Barón de Canet”. Cuatro horas más tarde recibió respuesta cablegráfica que decía: “Agradecido felicitación. Favor amplíe información. Atentamente, Andrés Alvarado Puerto, Ministro de Relaciones Exteriores”.

Arias de Saavedra se convirtió en un consultor internacional y participó en varios juicios representando a gobiernos extranjeros en la Corte. Con Honduras mantuvo una relación permanente, colaborando en todos los juicios y como cónsul honorario en La Haya hasta 1999, año en que falleció.

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