Radio América. El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, reiteró al programa Doble Vía, que ellos presentaron el informe con las irregularidades encontradas en la investigación a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), “aun asumiendo algunos riesgos”.
“Ahí están los datos de los 80 millones de dólares que el Congreso Nacional autorizó para que de manera directa se hicieran las compras (de los hospitales móviles), nosotros somos del criterio que se pueden hacer compras directas de manera transparente, no hay excusa para que decir que la premura o la emergencia lo impiden”, señaló.
Hernández indicó que dentro de una semana y media la ASJ presentará un informe donde “demostraran” que se pueden aplicar principios básicos, protocolos y estándares internacionales para proteger a las empresas en este tipo de compras.
“Lamentamos esta situación porque le esta cobrando la vida a muchas personas, y tenemos que abrir la economía, pero el gran problema es que no podemos hacer proyecciones realistas, porque tenemos pruebas en el país que no se pueden usar”, lamentó.
Agregando que la “precariedad” del sistema de salud nacional se puede resaltar en el hecho que a diario se realizan de mil a dos mil pruebas PCR, pero que estos resultados se conocen una o dos semanas después.
“Esto es justamente por la inoperancia, la falta de planificación, ¿Quién fue el genio que no pudo advertir que para hacer estas pruebas se requerían los kits de extracción y los equipos?”, cuestionó.
El funcionario enfatizó que el problema del manejo de la pandemia no solo es “en lo que se roban por todo lo que se sobrevaloró”, sino el costo que como Estado se debe pagar por la “incapacidad” que es el “reflejo de la politización que no le permite tener al país a los profesionales con los más altos estándares”, algo que aseguró la ASJ ha denunciado a través de los años.
Finalmente recalcó que es el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) quien debe “sacar los informes” de la investigación que ya han realizado a Invest-H, para que el Ministerio Público inicie el proceso indicado para determinar “si existe o no irregularidades.”