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Disciplina partidaria

El sistema de impunidad está amenazado

Disciplina partidaria

No hay organización sin orden interno. Sin reglas que prevengan y repriman las conductas anómalas dentro de la organización, se pierde la cohesión interna y sobreviene el caos, etapa previa a la extinción.

Esas reglas deben ser del conocimiento de los que forman la organización. El Estado publica sus leyes en un diario oficial, luego de lo cual, en virtud de una ficción legal, nadie puede alegar desconocerlas. En las organizaciones no estatales, cuando no son comerciales, todo miembro tiene obligación de conocer sus estatutos y reglamentos, como en los colegios profesionales, por ejemplo.

En la aprobación de esas reglas participan los miembros. En el Estado, por medio de representantes en el Congreso Nacional, en las asociaciones de interés público, como las denomina el Código Civil, y en las organizaciones gremiales, esas regulaciones se aprueban en asamblea, a la que acuden todos los miembros, con voz y voto.

En los partidos políticos sucede lo mismo. Sus estatutos son aprobados en una “Convención”. Los delegados a esta, denominados “convencionales”, son electos por cada municipio y representan a los electores de la respectiva circunscripción.

En ese orden interno se regula la organización y la relación de esta con los miembros del partido. La estructura organizativa es piramidal, colocándose en el vértice las autoridades supremas del partido y las demás autoridades se distribuyen jerárquicamente. La más elevada es la “Convención” y le sigue su órgano ejecutivo, que en el Partido Liberal es el Consejo Central Ejecutivo, para luego extenderse en “consejos”, departamentales, municipales y locales.

Las bancadas, órganos del partido, se dividen en legislativa, departamental y municipal. La legislativa está integrada por los diputados. Estos, por ende, son autoridades del Partido Liberal.

Los estatutos y reglamentos del partido son obligatorios, por igual, para los miembros activos y para las autoridades, y en los mismos se consagran los valores y principios que postula el partido y a los cuales sus miembros deben fidelidad. Se presume, entonces, que quien no comulgue con esos valores y principios no debe ser miembro del partido.

El Partido Liberal, desde su fundación, postula como principio fundamental la “no reelección” en todas sus manifestaciones. En 1957, Rodas Alvarado, en su condición de presidente de la Asamblea Constituyente, entregó al presidente Villeda Morales el ejemplar original de la Constitución con las siguientes palabras: “el continuismo y la reelección, aristas del despotismo untadas de sangre, desaparecen de la norma al afirmar el derecho del pueblo para emplear la violencia cuando se infrinja el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República; esto quiere decir, que no sufriremos más la ambición bastarda de los providenciales ni de los serviles que han devorado el vientre mismo de la patria”. Principio fundacional de Partido Liberal consagrado en la Constitución, aún vigente; de ahí, que liberal que lo infrinja reniega de su condición de tal y debe asumir las consecuencias.

Esos valores, principios y reglas deben ser celosamente protegidos por la misma organización, mediante el Tribunal Disciplinario, encargado de atender las denuncias contra las conductas trasgresoras y, agotado el procedimiento, juzgar, sin perjuicio de que sus fallos sean revisados, vía apelación, por el CCE y la Convención.

La denuncia contra un grupo de diputados que, contrariando la postura oficial del partido de no asistir -fiel a los valores y principios partidarios-, a la toma de posesión de quien, infringiendo la Constitución, se postuló y, además, montó un fraude colosal para imponerse en las elecciones, violando la prohibición de reelegirse y el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, introduce el debate de si es correcto juzgar a correligionarios, supuestamente, infractores de estos principios.

La denuncia se inscribe en un ambiente cargado de susceptibilidades, consecuencia de la cadena de traiciones recientes contra el partido, entre las que se destaca, por dolorosa, el golpe del 2009, punto de partida de los males que afligen al partido y al país.

Lo curioso y preocupante de este caso, es que los diputados denunciados están convencidos de que su conducta partidaria no debe juzgarla nadie y menos ese tribunal. Actitud congruente con la mayoría de los diputados, quienes entienden que las leyes deben aplicarse a los demás, no a ellos, y que explica emanaciones legislativas como las del “Pacto de Impunidad” y las conspiraciones contra el binomio UFECIC-MACCIH, últimas estas que, de no haber intervenido el gobierno gringo, ya habrían desmontado la estructura que lucha contra la corrupción.

Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario

 

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