El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, trató el viernes por la noche de despedir al más alto fiscal del distrito sur de Nueva York, Geoffrey Berman, que conduce una serie de delicadas investigaciones que implican al presidente Trump y a su entorno, incluido su abogado personal, el polémico Rudy Giuliani.
Berman, no obstante, se resiste al despido y asegura que seguirá en su puesto y que sus pesquisas no se detendrán, desatando un insólito enfrentamiento entre el Departamento de Justicia, que dirige Barr, y una de las Fiscalías de distrito más importantes del país, con una histórica reputación de independencia respecto a Washington y un largo historial de lucha contra la corrupción, la mafia y el terrorismo.
Este sábado, Barr ha asegurado que él mismo ha pedido a Trump que despida a Berman y que así lo ha hecho el presidente. En un comunicado, el fiscal general ha defendido que Berman “eligió el espectáculo público frente al servicio público”, y ha dicho estar “sorprendido y bastante decepcionado” por la decisión del fiscal neoyorquino de desafiar la decisión. “Como ha declarado usted que no tiene intención de dimitir, he pedido al presidente que le despida hoy, y así lo ha hecho”, dice el comunicado.
“No he dimitido, y no tengo intención alguna de dimitir”, declaró Berman el viernes por la noche, horas después de que Barr asegurara que el fiscal neoyorquino se disponía a abandonar su puesto. El enfrentamiento vuelve a poner el foco sobre los intentos del presidente de limpiar la Administración de figuras a las que no considera leales, y entrega nuevos argumentos a los demócratas, que llevan meses denunciando cómo, bajo la batuta de Barr, el Departamento de Justicia ha traicionado su necesaria independencia y se ha convertido en una mera arma política al servicio del presidente.
En el comunicado del Departamento de Justicia que anunciaba la decisión, Barr no ofreció explicación alguna de los motivos que llevan al relevo en la Fiscalía del distrito sur de Nueva York, que definía como “una de las más significativas” del país. Sencillamente agradecía a Berman el “excelente trabajo” que ha llevado a cabo con “tenacidad y destreza”.
Anunciaba que, para sustituir al fiscal, que dejaba el cargo tras dos años y medio de servicio, el presidente Trump nominaba a Jay Clayton, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, jurista sin experiencia alguna como fiscal federal.
Pasadas las 23.00 (hora local), Berman difundía un breve comunicado en el que aseguraba haberse enterado de la decisión por una nota de prensa. Aseguró que seguirá en su puesto “hasta que el nominado por Trump sea confirmado por el Senado”. “Hasta entonces, nuestras investigaciones seguirán adelante sin demora ni interrupción”, dijo, en un desafío a la competencia que se arroga Barr para destituirlo, pues fue designado para su puesto por los jueces federales y no por el presidente.
Berman y su equipo han realizado investigaciones de corrupción en el círculo íntimo del presidente que, por ejemplo, han llevado a prisión al exabogado de Trump Michael Cohen, por delitos de financiación ilegal de campaña y mentir al Congreso. Las turbias andanzas del actual letrado personal de Trump, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, que estuvo al frente de esta misma Fiscalía sur de Nueva York entre 1983 y 1989, son también objeto de las pesquisas de Berman y su equipo. Lo mismo que los negocios de Lev Parnas e Igor Fruman, socios de Giuliani relacionados con la trama ucrania que llevó al impeachment de Trump. De la investigación de Cohen surgió, además, otra sobre las empresas del propio presidente.
Las purgas de Trump en la Administración se suceden desde que, el pasado mes de febrero, el Senado le absolviera en el juicio por su impeachment. Ha despedido a inspectores generales y a oficiales que declararon durante la investigación en la Cámara de Representantes.
El pulso entre Berman y Barr constituye, además, un nuevo ejemplo de las tensiones que se han apoderado del Departamento de Justicia en los últimos meses, con insólitas intromisiones de Barr en procesos judiciales contra exmiembros del equipo de Trump, como Roger Stone y Michael Flynn, que han generado acusaciones de politización de la justicia.