Por Arturo Alvarado Sánchez: La Constitución de la República ordena en su artículo 367 que el proyecto de Presupuesto será presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, dentro de los primeros quince días del mes de septiembre de cada año. Adicionalmente, el artículo 362 ordena que todos los ingresos y egresos fiscales constarán en el Presupuesto General de la República, que se votará anualmente de acuerdo con la política económica planificada y con los planes operativos anuales aprobados por el Gobierno. También ordena que todos los ingresos fiscales ordinarios constituirán un solo fondo, sin que pueda crearse ingreso alguno destinado a un fin específico.
Resulta evidente que en la elaboración y ejecución del presupuesto no siempre se cumple con lo ordenado por la Constitución de la República. Para muchos, el presupuesto representa la oportunidad de asignar recursos para sus proyectos, algunos inventados como instrumentos para su beneficio personal, o para beneficiar a sus amigos y correligionarios, mediante transferencias o la aprobación de contratos que ya llevan nombre y apellido.
Sin embargo, el Presupuesto público debería ser un arma poderosa para satisfacer necesidades colectivas en beneficio de la gran mayoría de la población. Parte de estas necesidades corresponde a temas tradicionales como ser seguridad, defensa y justicia. Adicionalmente propiciar que se brinde a la población en general, servicios de calidad en necesidades vitales como ser salud y educación. Igualmente, el Presupuesto debe facilitar el funcionamiento eficiente del Estado y crear las condiciones para atraer y facilitar la inversión privada, como elemento fundamental para el desarrollo económico y la creación de empleo.
El Presupuesto no debe ser visto como un simple ejercicio financiero, cuyos objetivos fundamentales son obtener ingresos suficientes para mantener una burocracia abultada por intereses políticos y gremiales, distribuir recursos para granjearse simpatías políticas y reservar una buena porción para satisfacer las necesidades de los altos jerarcas políticos y sus allegados.
Dentro de los lineamientos presupuestarios básicos, uno de los fines primordiales debe ser mejorar el grado de bienestar de los ciudadanos, sin favoritismos de ninguna clase. Luego se debe buscar la eficiencia, tanto en la elaboración como en la ejecución presupuestaria y la correcta asignación de los recursos en función de los objetivos de desarrollo económico y social. Adicionalmente, como parte importante de los objetivos del presupuesto está la redistribución del ingreso, como mecanismo para reducir la pobreza y cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Lógicamente que el presupuesto tiene que tener un balance entre ingresos y egresos para contribuir a los objetivos de estabilidad en los precios, evitando presiones inflacionarias producto de déficit fiscales desproporcionados.
Insistimos, aunque sea redundante, que el presupuesto, como parte fundamental de la política económica, debe contribuir a la creación de empleo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la protección del medio ambiente. Si lo soñamos, lo podemos convertir en una realidad.