Radio América. El gerente administrativo de la SecretarÃa de Salud, César Raymundo Barrientos Palada, se ha hecho presente este martes en las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en calidad de investigado por el caso de la compra sobrevalorada de mascarillas.
La comparecencia del funcionario se da un dÃa después de que el administrador de INVEST-H, Alex Alberto Moraes, declarara por la compra de 474 mil mascarillas KN-95 a un costo 50 millones 836 mil 500 lempiras a la empresa ligada al esposo de la diputada Waleska Zelaya.
Con esta interpelación, explicó el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, son cuatro las personas que rinden declaraciones ante la autoridad en carácter de investigado.
El vocero señaló que las indagaciones buscan deducir responsabilidad por la presunta comisión de abuso de autoridad, fraude contra el Estado de Honduras y violación a los deberes de los funcionarios.
Sin embargo, por casos de corrupción de compras durante la pandemia al menos 11 personas entre funcionarios y empresarios han comparecido ante el Ministerio Público, añadió.
En ese sentido Galindo manifestó que todas las investigaciones continúan en curso con distintas diligencias cada una, pues se habla de irregularidades en Copeco, Invest-H y la SecretarÃa de Salud.
Tanto, Barrientos Palada como Moraes fueron citados por Agentes de asignados al Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC para conocer el proceso de compra que se siguió en las adquisiciones.
Como se recordará, por esta lÃnea de investigación han declarado en calidad de investigados, el empresario Juan José Lagos, vinculado a G y T, además de su esposa la congresista, Waleska Zelaya, quienes comparecieron el pasado martes 4 y miércoles 5 de agosto, respectivamente.
Y en calidad de testigos, se les ha tomado declaración al propietario de la empresa intermediaria GERMAR FerreterÃa, German Palacios y a su administradora e hija MarÃa Elena Palacio.
Lea además:
Impacto provocado por la pandemia podrÃa durar hasta cinco años en Honduras
