InicioNacionalesHallazgos de la Comisión Especial donde señalan que la independencia judicial se ha visto lesionada por la MACCIH

Hallazgos de la Comisión Especial donde señalan que la independencia judicial se ha visto lesionada por la MACCIH

Hallazgos de la Comisión Especial donde señalan que la independencia judicial se ha visto lesionada por la MACCIH

Hallazgos de la Comisión Especial donde señalan que la independencia judicial se ha visto lesionada por la MACCIH

  • Radio América. Una comisión especial del Parlamento hondureño encargada de evaluar el trabajo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) pidió este martes al poder Ejecutivo no renovar al ente, porque considera que ha «violentado la independencia» de instituciones contralores.

    «Se deben tomar medidas para fortalecer la institucionalidad del Estado de Honduras y garantizar el respeto a su soberanía, el imperio de su Constitución y el respeto a la Ley», señala la comisión en el informe presentado hoy al Parlamento hondureño.

  • HALLAZGOS:
  • 2-.La independencia Judicial es una garantía establecida en la Constitución de la República[1] y diversos convenios internacionales, sin embargo dicha independencia se ha visto lesionada por la MACCIH al atacar públicamente el criterio de los órganos jurisdiccionales que hacen una valoración independiente, y no necesariamente bajo la misma línea de criterio de la MACCIH sobre los casos presentados con el acompañamiento de esta Misión, perdiéndose desde todo punto de vista la autonomía de la decisión jurisdiccional. Al respecto pueden verse las acciones de la MACCIH sobre la Magistrada Alma Guzmán, por su actuación en el caso Red de Diputados[2], Ejemplo lo publicado por el en ese entonces, vocero de la Maccih, al señalar “fuga de información y retardo en decisión permitió a defensa de imputados presentarse voluntariamente para utilizar argumentos de no fuga. Pero resolución de juez natural, Alma Guzmán, no atiende fundamento de obstrucción de justicia”, donde el Poder Judicial se vio en la obligación de emitir un comunicado de prensa mediante el cual condena la presión ejercida por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en torno al libramiento de órdenes de captura contra cinco diputados vinculados a actos de corrupción.En ataque a dicha independencia judicial, se encuentra el mensaje publicado a través de redes sociales por la UFECIC en el que señala “1/2 a punto de cumplirse un año de haberse Dictado Auto de Formal Procesamiento contra imputados en el caso pandora y Sala Penal aún no se pronuncia sobre Recursos interpuestos, por lo que se corre el riesgo de que los únicos imputados en prisión preventiva queden en libertad”. “2/2 de igual manera, a seis meses de que la Sala de los Constitucional declaró Inconstitucional reforma a la Ley del Presupuesto, que permitió archivo de caso Red de Diputados, el caso sigue archivado…”.3-. Esta Comisión identificó que, es un actuar constante de la MACCIH celebrar ruedas de prensa sobre casos que estaban siendo objeto de investigación por la UFECIC, presentando ante los medios de comunicación, imágenes y nombre de las personas investigadas, incluso sin haberse presentado requerimiento fiscal, tal es el caso de lo señalado el jueves 26 de enero de 2018, en el que el vocero de la MACCIH expresó que  se había iniciado un proceso de investigación Penal contra el Presidente de un Poder del Estado, y 60 diputados por “drenar fondos públicos a través de ONG’s”,  lo cual lesiona lo establecido en el Artículo 89 de la Constitución de la República;  Artículo 2 del Código Procesal Penal, y 8 de la Convención interamericana de Derechos Humanos; al exhibir como culpables a investigados, sin que exista una sentencia judicial. Violentando además lo establecido en el Artículo VII numeral, 7.4 del Convenio que señala “La MACCIH garantizará la confidencialidad de todas sus actuaciones”.

     

    Asimismo, la MACCIH a través de su vocero Oficial en fecha 24 de enero del 2018, denuncio de forma pública al Congreso Nacional de la República, de ser parte de un pacto de impunidad, determinando como inconstitucionales las disposiciones adoptadas por el Congreso Nacional respecto al presupuesto, sin que existiera al respecto un fallo de la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Indicando en sus declaraciones que las actuaciones del Congreso Nacional podrían dar[1]  Artículo 303 constitucional: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrado y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes”.

    [2] Juan F Jimenez Mayor (@JuaJimenezMayor) December 13, 2017. Así también en fecha 6 de junio en un evento de American University en Washington DC, la vocera de la Maccih señala que  combatir la corrupción en Hodnuras “significa enfrentarse a retos muy duros … un poder legislativo que puede procurar que las leyes favorezcan la impunidad, debilidad institucional, inexistencia de una legislación anticorrupción”.

  • lugar a interpretaciones tendenciosas a la excarcelación de personas condenadas por casos de corrupción como el del Seguro Social.En sus declaraciones acusaron al TSC de no brindar las garantías para investigaciones técnicas dadas las características políticas de su constitución, declaraciones que van en menoscabó de los órganos contralores del Estado, sin que hasta la fecha lo MACCIH hubiese presentado un diagnostico como herramienta para el fortalecimiento de dicho ente contralor.4-. El Artículo VII del Convenio para la Instalación de la MACCIH en su numeral 7.5. establece que “Si en el desempeño de sus funciones, la Misión encuentra un obstáculo, éste se intentará resolver en primera instancia a nivel de la persona encargada del departamento o de la unidad de la institución respectiva, en segunda instancia con la autoridad superior de la institución y en tercera instancia por medio del enlace con el GOBIERNO. Si no se puede solucionar la situación, esta sería señalada en el informe semestral de la MACCIH al Secretario General. Sin embargo, es apreciación de esta Comisión, que en la práctica, dicho Artículo fue violentado por la Misión en repetidas ocasiones, un ejemplo de ello es el Comunicado de la MACCIH sobre el Proyecto que reforma la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de Honduras, de fecha 24 de enero de 2019, donde la MACCIH emitió un comunicado atacando el Dictamen elaborado por la Comisión del Congreso Nacional, sin previamente tener un acercamiento con la misma, ni con autoridades de este Poder del Estado, así también, previo a la emisión del Informe correspondiente ante el Secretario de la OEA atacó el accionar de la Procuraduría General de la República por aplicar disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal en relación a la medida de conciliación. 

    Esta inobservancia de lo establecido en el Artículo VII del Convenio para la Instalación de la MACCIH en su numeral 7.5, puede apreciarse además en relación a la solicitud de información a la MACCIH, por parte de esta Comisión Especial, ya que en lugar de dirigirse a la Comisión del Congreso Nacional para indicar los obstáculos para dar cumplimiento a lo solicitado, como lo señala el Convenio, o ante la falta de acuerdo con la Comisión para solucionar el obstáculo, ante el titular de este Poder del Estado, la MACCIH acudió a los medios de comunicación filtrando el requerimiento de información  remitido por la Comisión, generando confusión y estigmatizaciones hacia los integrantes de la Comisión y este Poder del Estado, apreciándose que en la práctica.

     

    Las expresiones de la MACCIH pueden verificarse además en las notas publicadas en varios medios de comunicación (diario El Heraldo 05 y 06 de agosto de 2019), en relación a las medidas desjudicializadoras.[1]

     

    5-. Esta Comisión pudo tomar el testimonio de tres personas, quienes manifestaron que fueron citadas por la UFECIC para rendir declaración, sin informales en qué condición era dicha citatoria, ni en qué casos, al comparecer a rendir declaración no se les permitió ingresar con profesional del Derecho ni se les quiso entregar copia de la declaración a pesar de haberlo solicitado expresamente.

    Que asimismo se conoce de casos en los cuales se ha extendido la secretividad de actuaciones hacia el propio investigado lo cual violenta lo dispuesto en el artículo 90, párrafo primero de la Constitución de la República y párrafo penúltimo del artículo 101 del Código Procesal Penal.

     

    1. El Código Procesal Penal, en su Artículo 275, establece obligaciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar, señalando que, en la práctica de toda diligencia investigativa, las autoridades encargadas de la investigación preliminar guardarán el más absoluto respeto a los derechos individuales consagrados por la Constitución de la República, por los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte y por éste Código. Las informaciones obtenidas sólo podrán utilizarse para las finalidades investigativas propias de las autoridades referidas, debiendo guardarse la más absoluta reserva para cualquier otro efecto, so pena de incurrir en el delito de violación de secretos”, sin embargo, ni la propia UFECIC han iniciado acciones penales por la filtración a través de redes sociales de documentación entregada, a funcionarios de dicha dependencia.

     

    1. Esta Comisión ha identificado que la MACCIH no actúa en todos los casos de corrupción que se presentan en el país, sino que hace una selección o escogencia, sin que hayamos podido identificar de manera objetiva cuales son esos criterios que justifican abstenerse de ejercitar acciones penales en determinados casos, a pesar de que esta Comisión envió oficio a la MACCIH solicitando aclarar dichos criterios, la petición fue ignorada. La falta de claridad afecta la percepción ciudadana sobre rumores referentes a que la selección obedece a criterios basado en ideologías políticas o Justicia Selectiva.

     

    Esta situación lleva a la UFECIC a violentar lo establecido en el artículo Artículo 93 del Código Procesal Penal que se refiere a  objetividad,  el cual obliga a que dichos funcionarios en el ejercicio de sus funciones actuarán con absoluta objetividad y velarán por la correcta aplicación de las leyes penales, ya que la UFECIC debe informar a la MACCIH los casos previo a ser investigados, lo cual genera que al ser estos quienes determinan si son o no de impacto, se violenta el principio de objetividad en la investigación de casos.

     

    8-. Tomando en consideración que el Código Procesal Penal hace diferencia entre, comiso, incautación y secuestro, variando los requisitos de procedibilidad para cada uno de ellos, en el caso del Secuestro de documentos el Código establece en su Artículo 219 que las órdenes de secuestro serán expedidas por el juez, mediante resolución motivada. Cuando la autoridad policial tenga conocimiento de la existencia de cosas que deben ser secuestradas por su relación con un delito, solicitarán de inmediato al juzgado competente la orden correspondiente y protegerán aquéllas para evitar su ocultamiento, sustracción o destrucción. El juez resolverá de inmediato la petición de secuestro”, sin embargo, la MACCIH-UFECIC realizan secuestros de documentos sin orden judicial, tal como lo ha señalado en el informe remitido a esta Comisión por el TSC.

     

    9-. La participación de la MACCIH en la elección, nombramiento, evaluación de jueces de tribunales anticorrupción, y de los fiscales y personal que integra la UFECIC violenta el principio de objetividad, el cual se relaciona con el Artículo 13 del Código Procesal Penal que establece el principio de igualdad de los intervinientes en el proceso, y  obliga a jueces y magistrados a velar por esa efectiva igualdad, sin embargo en el presente caso al haber creado el Poder Judicial un circuito anti corrupción en donde la función jurisdiccional es ejercida por personas evaluadas y certificadas por la MACCIH y ser los fiscales que intervienen en dichos procesos asignados y valuados por la MACCIH,  se pierde el derecho a ser juzgado por un tercero imparcial, puesto que al estar supeditados al Convenio de la MACCIH se violenta la autonomía de la decisión jurisdiccional.

     

    Que asimismo la creación de nuevas instancias para el juzgamiento de los supuestos responsables de los delitos de corrupción, contraviene lo establecido en el Código procesal Penal en su Artículo 54, que establece “Corresponderá a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas. Los órganos de la jurisdicción penal tendrán, con exclusividad, la potestad pública para conocer los procesos penales, resolverlos y ejecutar sus sentencias.” Por lo que no es legal y apegado a derecho la presencia de la Misión en las etapas de investigación, acusación y juzgamiento a través de los Tribunales anti-corrupción.

     

    1. Si bien es cierto la Convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas estable el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal, civil y administrativa del Estado receptor, dicha convención señala, que a inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante, situación que en el caso de los empleados nacionales en la MACCIH genera ambigüedad pues el Estado acreditante es el mismo estado Hondureño, pudiendo generarse impunidad por los delitos que sean cometidos por estos en el ejercicio de sus funciones.

     

    11-. Por otra parte, se ha podido constatar que personal extranjero de la MACCIH participa activamente en las ejecuciones de allanamiento, secuestros, comisos e incautaciones, cuando dicha facultad está reservada para nacionales del estado de Honduras y en ningún momento se ha designado a los miembros extranjeros de la MACCIH. Ya que con dicha intervención se violenta la función del Ministerio Publico según lo establecido en el artículo 92 del Código Procesal Penal, “Corresponderá al Ministerio Público, por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública en representación de la sociedad, sin perjuicio de la legitimación de la Procuraduría General de la República, para ejercitar la acción penal en materias propias de su competencia”.

     

    1. La Comisión ha podido identificar además que, a través de medios de comunicación y redes sociales, se ha filtrado documentación, que es parte de procesos judiciales, y que fue entregada a la MACCIH con fines probatorios en un proceso penal. ejemplo: La Comisión Especial con base a la documentación revisada pudo constatar la filtración de la información financiera facilitada por la UIF a la UFECIC en los medios de comunicación y en redes sociales, lo cual incumple lo establecido en el Artículo VII numeral, 7.4 del Convenio que señala “La MACCIH garantizará la confidencialidad de todas sus actuaciones”, cometiéndose a su vez el delito de infidencia, al tenor de lo establecido en el Artículo 30 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, la cual indica que “Queda prohibido a las instituciones supervisadas y no supervisadas por la Comisión, poner en conocimiento de persona alguna, el hecho que una información haya sido solicitada por la autoridad competente o proporcionada a la misma. El funcionario o empleado de las instituciones supervisadas y no supervisadas por la Comisión que incumplan lo establecido en esta disposición incurrirá en el delito de Infidencia, será sancionado con tres (3) años a seis (6) años de Reclusión. En igual pena incurrirán quienes siendo directores, propietarios, o representantes legales de dichas instituciones, infringieren la expresada prohibición”.

En la Documentación remitida por la CNBS, está Comisión pudo identificar una copia de fotografía que fue divulgada por el Noticiero Univisión, se puede identificar que esa imagen es de un reporte que la UIF envió a la UFECIC, pues consta en su superior se observa que aparece un sello de Folio de la UFECIC, folio 3519, lo cual indica que esa foto la tomaron del expediente que forma y custodia la UFECIC.  Siendo evidente que ellos revelan esa información a medios de comunicación para que circulen por todos lados.

 

13.- Esta Comisión  ha identificado que en múltiples ocasiones que funcionarios de la UFECIC  han participado en ruedas de prensa y han emitido declaraciones ante los medios de comunicación sobre casos que están en proceso  de investigación en dicha unidad lo cual tal como lo menciona el fiscal jefe de la UFECIC en Oficio- UFECIC 2400-2019, remitido a esta comisión trasgrede las competencias que conforme a los artículos 232, 233, 321, de la Constitución de la republica poseen dichos funcionarios, así como por lo señalado en los artículos 25, 92, 93, 275, 278, 283 del Código Procesal Penal, articulo 1 numeral 3), 3, 5 7 8 y 17 de la Ley del Ministerio Público 51 numeral 13, 14 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico articulo 12.III del acurdo número FGR-001-2017 de la Creación de la Unidad Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción UFECIC, un ejemplo de ello es las declaraciones rendidas ante los medios de comunicación por el Abogado Juan Carlos Griffin en agosto del 2019, referente al rechazo de la conciliación entre la Diputada Sara Medina y la Procuraduría General de la República.

 

  1. En cumplimiento de lo establecido en Artículo XII, párrafo 12.3, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Seguridad ha brindado un esquema de seguridad personal a los miembros que conforman la MACCIH, para lo cual se asignaron 129 miembros de la Policía, 11 vehículos y 2 casas de seguridad, cuyo presupuesto asciende a L.61,266,865.68 (SESENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, PUNTO SESENTA Y OCHO).

 

  1. En referencia a la línea de acción 2.1. Prevención y Combate a la Corrupción numeral 3.1.1. en lo que se refiere a que jueces y fiscales internacionales seleccionados por la MACCIH, para acompañar el trabajo de investigación sobre casos de corrupción de Honduras supervisaran las labores y brindaran apoyo técnico a las entidades de justicia, la Comisión Especial desconoce los criterios utilizados para la selección de estos profesionales, esto se menciona en relación a las declaraciones realizadas el 18 de octubre del 2017, por el vocero Oficial de MACCIH Juan Jiménez quien mediante rueda de prensa presentó como nueva fiscal internacional de la Misión a la colombiana Marta Ladino, para acompañar el trabajo de investigación sobre casos de corrupción de Honduras, quien al ser presentada se destacó su amplia experiencia como fiscal antidrogas, de homicidios y lavado de activos, sin embargo, bajo las investigaciones realizadas por la Comisión Especial se conoció que en el año 2012, por instrucciones del Fiscal General Eduardo Montealegre, la misma fue relevada del cargo de jefe de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la Fiscalía de Colombia, debido a una serie de denuncias por presuntas presiones para frenar investigaciones o cambiar su curso, mismas que fueron interpuestas en su contra por al menos siete fiscales, bajo su cargo.
    1. En Materia de Seguridad Pública, se han identificado los siguientes hallazgos:
  2. – En relación al Artículo VI “Apoyo al fortalecimiento de la Seguridad Publica” 6.1.1.2 referente a digitalizar, incorporar y asegurar e inter-operatividad de la información, la MACCIH no ha realizado aportes en esa materia por parte de la MACCIH hacia las instituciones responsables.– La MACCIH no participó directamente en el proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, no obstante, presentó lineamientos para la elaboración del reglamento de la carrera policial y se registró consultas sobre los avances en los procedimientos de este proceso de depuración. Ni ha realizado actividades de apoyo a la DIDADPOL.

     

    17-. La Comisión ha identificado, que si bien es cierto la MACCIH ha realizado acciones en relación al combate a la corrupción, estas han sido reactivas y de forma aislada, sin existir una visión estructural que permita atacar y evitar el rebrote de la corrupción. Por otra parte, ha podido identificar que desde el Estado se está desarrollando una estrategia nacional de Transparencia y prevención de corrupción que es importante fortalecer, resultando destacables los siguientes puntos:

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