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Hondureños exigen en manifestación libertad de ambientalistas presos por luchar contra minera

Hondureños exigen en manifestación libertad de ambientalistas presos por luchar contra minera

Hondureños exigen en manifestación libertad de ambientalistas presos por luchar contra minera

(Redacción AFP). Decenas de pobladores de una comunidad del Caribe de Honduras se manifestaron este jueves frente a un juzgado de la capital para exigir la libertad 12 personas detenidas por oponerse a un proyecto de explotación minera en sus territorios.

“Para los defensores de la vida, libertad”, “para la represión sincronizada, la lucha popular organizada”, gritaban los manifestantes procedentes de la zona de Aguán, 300 km al noreste de Tegucigalpa.

Uno de los dirigentes de la movilización, Salvador Zúniga, relató a la AFP que los 12 activistas se presentaron voluntariamente el 22 de febrero al juzgado del puerto caribeño de La Ceiba, donde los dejaron detenidos y luego los trasladaron a la Penitenciaría Nacional, 10 km al norte de Tegucigalpa.

Este jueves se programó la audiencia para decidir si el juzgado les dictaba auto de prisión o los liberaba.

Zúñiga indicó que los detenidos están acusados de usurpación, daños a la propiedad, robos, portación ilegal de armas y asociación ilícita por manifestarse desde el año pasado contra la compañía que pretende explotar una mina en sus territorios.

Cien organizaciones internacionales defensoras del ambiente condenaron la detención de los hondureños, según un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Las entidades señalaron que las comunidades han denunciado la ilegalidad del proyecto minero de Inversiones Pinares, por considerar que afecta el Parque Nacional Montaña de Botaderos, donde las actividades mineras están vedadas.

Denunciaron también que los juicios son conocidos por tribunales de jurisdicción nacional, utilizados solamente contra el crimen organizado.

Recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el impacto que tiene “el uso malicioso” del derecho penal para limitar el ejercicio de defensa de derechos humanos y del derecho a la tierra y el medio ambiente.

nl/mas/rbv

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