Radio América. El abogado hondureño, Abel Orellana, manifestó este miércoles que todos los involucrados deberían comparecer ante los tribunales en el caso de la estudiante de enfermería, Keyla Patricia Martínez, asesinada al interior de una posta policial en el occidente del país.
El dictamen legal de autopsia establece que la joven de 26 años, arrestada durante un toque de queda el fin de semana en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, murió de asfixia mecánica.
El Ministerio Público en su informe preliminar reveló ayer que hubo «una asfixia mecánica» y no una muerte por suicidio como han hecho querer creer algunas fuente policiales.
El profesional del derecho es del criterio que todos los aspirantes del Instituto Técnico Policial (ITP) de La Paz y la academia deben ser debidamente capacitados para el trato prudente en casos de detenciones.
“El ministro de Seguridad debe de inmediato someter a los policías a procesos de formación porque no basta que vengan del ITP sin saber que implica proteger y salvaguardar la vida humana”, expresó.
Orellana lamenta que en Honduras el crimen haya sobrepasado las barreras de la seguridad estatal.
“La muerte de una persona en manos de un policía se debería deducir fácilmente responsabilidad”, subrayó.
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