Por: J.E. MEJÍA UCLÉS
El día 26 de junio de 1969, el gobierno salvadoreño envío un mensaje cablegráfico al gobierno de Honduras, notificando que desde esa misma fecha, rompía sus relaciones diplomáticas con el Estado de Honduras, basando tal resolución en supuestos actos de persecución y vejaciones criminales contra ciudadanos salvadoreños.
Pero en realidad como principio geopolítico de expansión territorial, los salvadoreños comenzaron a planificar el traslado masivo de campesinos salvadoreños hacia honduras sobre todo a la costa norte del país, en donde desde los años 20-30 ya se habían establecido familias de ese origen, constituyendo dicha disposición una válvula de escape a la presión poblacional, que como ya en otro artículo habíamos examinado que la región centroamericana es una de las de mayor crecimiento poblacional, limitando de esta forma un programa de reforma agraria.
Con el agravante de que tales pobladores no pagaban impuestos en Honduras y sí en El Salvador, siendo los cónsules salvadoreños los recaudadores de tales tributos.
Este tema de la población no ha sido un punto decisivo por parte de los gobiernos, ya lo tuvo Honduras en 1969, en que solicito a los demás países del área que compartieran equitativamente la distribución de la población salvadoreña, como la misma pretensión que propuso Costa Rica al SICA, con relación a la gran cantidad de emigrantes nicaragüenses.
Se desprende de lo dicho que hay antecedentes del tema, que todavía no han sido analizados, es más fácil expulsar población a Norteamérica en función de captación de remesas que generar empleo, ese es uno de los dilemas a los que nos enfrentamos, la tendencia tiende a complicarse, por cuando la conflictividad social crecerá y no me extrañaría que se llegue a desbordar. Como ya sucedió en 1979, cuando se produjeron los radicales cambios políticos en Nicaragua y El Salvador.
No obstante, de parte de Honduras, existió la preocupación, de celebrar Convenios de Migración, el primero de ellos en 1962, durante la Administración Villeda Morales, dividido en dos partes, el referente a la regulación del ingreso de salvadoreños, y, el de la creación de una Comisión Bilateral, que tenía como objetivo el estudio del problema migratorio y el establecimiento de mecanismos de registro y documentación.
El segundo, de 1965, pero ratificado en 1967, en la Administración López Arellano, que asimismo regulaba el ingreso de inmigrantes, con un período de duración de dos años, por intermedio del cual se les otorgaría a los salvadoreños trato humano y preferencial, igualmente, determinadas concesiones fiscales y legales.
Para tales efectos el gobierno salvadoreño nombro 25 cónsules en diferentes ciudades. Lamentablemente, los salvadoreños residentes ilegalmente en Honduras no normalizaron su situación al grado que en 1969, año del conflicto, apenas el 1% de los inmigrantes contaban con su registro correspondiente.
En diciembre de 1966, fue publicado el Decreto 110, por intermedio del cual se creaba el Carnet de Trabajo para Extranjeros, tomando en cuenta “el gran desempleo que había en el país, ocasionada por la inmigración incontrolada e indocumentada”.
Eran notorias las quejas de los empresarios del campo hondureño, exigiendo protección, y los reclamos de los campesinos en la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, y, del gobierno tratando de encontrar espacios de legitimidad que le permitieran rescatar la credibilidad ante la opinión pública.
De esta manera, durante los años cincuenta se consolido la banca central en los cinco países; se establecieron y fortalecieron las instituciones y programas de obras públicas; se promovía el desarrollo agropecuario e industrial y se entro de lleno en el campo de la política social a través de la legislación laboral, los programas de vivienda y los servicios de salud y seguridad social.
Pudo así lograrse un conjunto de realizaciones que abarcaron un rápido y sostenido aumento de las inversiones y de la producción manufacturera; la modernización de la agricultura tradicional de exportación; la apertura de nuevas y muy productivas zonas agrícolas, el desarrollo de la producción algodonera, como una de las principales fuentes de divisas y, en menor grado, de la pesca y de la ganadería de exportación.
Se intensificó el proceso de urbanización y, al normalizarse la situación en Europa, se restableció en gran medida la pauta del comercio exterior que prevalecía antes de la guerra. La CEPAL, señalo en aquel entonces: “La experiencia centroamericana en ese lapso debe entenderse como un mejoramiento funcional de la economía y no como un cambio de fondo en la estructura del sistema”.
[email protected] martes, a 9 de julio de 2019.
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