Radio América. El Ministerio Público interpuso en días recientes un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 93-2021 relativo a la figura del lavado de activos, reforma que hizo el Congreso Nacional en 2021.
En ese sentido la abogada y defensora de derechos humanos, Kenia Oliva, es del criterio que la Fiscalía actuó tarde en la presentación del recurso para que se declare la inconstitucionalidad por la vía de acción.
“El decreto tiene sus pro y sus contras porque se ha estado demandando que el Ministerio Público investigue más a profundidad”, comenzó diciendo.
La profesional del derecho señaló que el imputado no tendría porque decir o probar de dónde proceden sus bienes.
“Siento que el Ministerio Público debió haber actuado antes con la antigua ley puesto que la fiscalía tiene el monopolio de la acusación penal y eso no se había hecho”.
La jurista hondureña dice estar de acuerdo con el recurso, pero no salva de responsabilidad a la fiscalía de lo que ha venido haciendo durante todo este tiempo con las investigaciones, aclaró.
Oliva dijo que no existió opinión por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que el Legislativo aplicara tal reforma.
“La Corte debe marcar precedente para que siempre que haya una reforma a un decreto o una ley debe pedirse la opinión de la CSJ. Eso lo deben aprender los congresistas”, añadió.
“Si es así debe declararlo Con Lugar y si lo que el Ministerio Público está diciendo que no puede investigar anteriormente, entonces se contradice en este recurso”, finalizó.