-El Ministerio Público, en base a las facultades que le da la Constitución de la República y su ley orgánica, ha interpuesto en las últimas horas un recurso de amparo a favor del Estado de Honduras contra los acusados del caso “Pandora”.
Se trata de una acción constitucional contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Natural el pasado 19 de junio del 2020 en la causa instruida.
«Con la presente Acción de Amparo se acredita que a partir del planteamiento de las defensas de los imputados solicitando ante la juez un pronunciamiento sobre la responsabilidad de sus defendidos, se suplantó el proceso regular por uno arbitrario y falaz el cual adulteró el procedimiento aplicable al juicio oral, garantizando así la impunidad de la corrupción», inicia diciendo un comunicado de la Fiscalía este martes.
El organismo señala que se habría creado un procedimiento que solo beneficia a dos grupos diferentes de implicados en casos de corrupción y lavado de activos en el país.
El pronunciamiento indica que la Corte de Apelaciones designada mediante un lenguaje jurídico manipulado «varió los términos y los esquemas de análisis probatorio».
Cabe recordar que el pasado 4 de agosto un Tribunal Especial, integrado por magistrados de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, dictó sobreseimiento definitivo a favor de 22 implicados en el tan sonado caso denunciado por la MACCIH en junio de 2018.
En el fallo reciente el Poder Judicial confirmó el auto de formal procesamiento y la prisión preventiva para otros cuatro de los acusados que continúan el proceso judicial.
“Es de hacer notar que se podría sentar un precedente jurisprudencial funesto”, objetó este día el Ministerio Público.
El ente acusador considera que esto podría ocasionar que los efectos de esta decisión trastornen la práctica del sistema de lucha anticorrupción a nivel nacional y además otros procesos de corrupción que están en curso.
“Podrían verse beneficiados grupos de influencia política y económica, debido a los aberrantes procedimientos establecidos por la autoridad recurrida con el acto reclamado”, señaló.
El Ministerio Público finalmente considera que con esta acción surge una importante oportunidad para corregir las acciones de una resolución que cataloga de “desacertada e ilegal”.