Radio América. La congresista Norma Torres anunció hoy numerosas disposiciones centradas en la política Estados Unidos-Centroamérica que incluyó en el proyecto de ley de asignaciones estatales y de operaciones extranjeras del año 2022.
Torres es miembro del poderoso Comité de Apropiaciones, así como miembro del Subcomité Estatal y de Operaciones Extranjeras.
“Estados Unidos tiene un gran interés en ayudar a estabilizar Centroamérica y proteger a las personas que viven allí”, dijo la representante Norma J. Torres.
Aseguró que la anarquía y la impunidad fomentadas por los líderes autoritarios en la región continúan impulsando la migración hacia la frontera sur y socavan los esfuerzos por promover los derechos humanos en el hemisferio.
Las disposiciones de Torres incluyen, entre otras:
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Remover todos los fondos militares extranjeros para El Salvador, Guatemala y Honduras.
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60 millones de dólares para esfuerzos de lucha contra la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras, incluyendo apoyo a la FECI en Guatemala y UFERCO en Honduras.
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30 millones de dólares que pueden ser utilizados para pactos bilaterales para proteger a mujeres y niños en El Salvador, Guatemala y Honduras. Esta disposición se basa en el proyecto de ley, La Ley Centroamericana de Protección de Mujeres y Niños.
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1 millón de dólares para los intercambios económicos de la Fundación Interamericana con pueblos indígenas del hemisferio occidental y tribus nativas americanas. Esta disposición se basa en el apoyo previo de Torres para fomentar la coordinación y la colaboración entre estos grupos.
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Aumentar el porcentaje de financiamiento del 50 al 75 por ciento, que está condicionado a que los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala cumplan con el estado de derecho y las condiciones anticorrupción.
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Ahora ordena al Departamento de Estado que consulte con el Congreso sobre el uso previsto del entrenamiento militar y educativo internacional para El Salvador, Guatemala y Honduras.
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El aumento del personal del Departamento de Estado que se centra en las sanciones dirigidas a Centroamérica, incluidos 500.000 dólares a la Oficina de Política de Sanciones Económicas, y reportar en como este aumento del personal está afectando la capacidad de aplicar sanciones.
“Me complace que muchas de las disposiciones que defendí en apoyo del estado de derecho y del pueblo centroamericano estén incluidas en el proyecto de ley de asignaciones estatales y para operaciones extranjeras del año fiscal 22. Es un testimonio del impacto positivo que Estados Unidos seguirá desempeñando para la región y las personas que lo llaman hogar”, afirmó Torres.