Radio América. Cuatro agentes perdieron la vida el jueves en el norte del país durante un tiroteo en un tribunal de El Progreso, Yoro, para liberar a un líder pandillero de la Mara MS-13, acusado por cinco delitos de asesinato.
El insólito rescate perpetrado por una veintena de sicarios no saca de conmoción aún a los hondureños, especialmente al sector político de oposición quienes se quejan de la implementación de una política de seguridad pública respetable.
“Lo que estamos viendo ahora es la ausencia de una política pública seria para brindar seguridad a operadores de justicia, usuarios e incluso privados de libertad”, expresó este domingo a Radio América, la reconocida abogada Maribel Espinoza.
Para la vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), desde Magdaleno Meza a la fecha se desconocen las conclusiones o investigaciones que haya determinado claramente lo sucedido en estos casos.
Espinoza cuestionó a los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández de jactarse en sus propuestas de seguridad. “Sin embargo estamos viendo políticas públicas fallidas”, dijo.
Políticas fallidas
Comentó que los hondureños pagan millones de lempiras a través de las operaciones bancarias que nutren la tasa de seguridad, no obstante, es del criterio que lo observado obedece a la “falta de estrategias”, insistió.
“El Poder Judicial está vulnerable y la responsabilidad de la seguridad en Honduras es del Ejecutivo”, añadió.
En su opinión la ausencia de garantías en los protocolos de seguridad coloca a los jueces del país en condiciones de temor.
“Es lamentable lo ocurrido en El Progreso. Ese mensaje es grave para los jueces que se han de sentir vulnerables”, expresó.
La dirigente cuestionó el hecho que grupos criminales cuenten para su uso con armas nacionales.
“¿De dónde las han obtenido?… pareciera que existe trasiego de armas y equipo militar, pero la pregunta es, ¿donde están las investigaciones?. Realmente estamos desprotegidos”, objetó.
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