Radio América. Este lunes fue publicada en medios de comunicación escrito, la derogación del nuevo Código Penal en Honduras, espacio que fue pagado por miembros de las bancadas de oposición del Congreso Nacional.
Ante esto, el abogado, Raúl Pineda Alvarado, explicó a América Noticias Estelar de Radio América, si esta publicación es o no es legal.
Pineda Alvarado inició indicando que, desde el enfoque académico, el término “abrogación” no es del todo correcto, pues se debe utilizar el término “derogación total”, pues, aunque ‘abrogación’ no esta equivocado, este ya no se utiliza.
“La derogación de una ley debe efectuarse como último paso en una publicación, y la misma Constitución de la República dice que es en el ‘Diario Oficial la Gaceta’, aunque el mismo articulo establece que se podrá utilizarse otro medio de divulgación cuando el decreto expresamente lo señale”, indicó.
Lo que significa que este solo puede enviarse a cualquier medio de comunicación cuando claramente lo explique el decreto, pero dado el hecho que esto no esta señalado en el decreto de derogación y “conforme el artículo 221 de la Constitución, eso no tiene ningún efecto legal”, aseveró el profesional del derecho.
Sin embrago, reiteró que el Código Penal que entró en vigencia el pasado 25 de junio, “amerita una reforma integral absoluta”, algo en lo que deberían hacer “los diputados que se han convertido en formales cuestionadores del Código”.
Algo que afirmó no es complicado, pues ya existen estudios de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y otros documentos de diversas universidades, donde dice puntualmente lo malo que tiene el Código, “que son una gran cantidad, es decir que es un mal código”.
“Las cosas deben hacerse de conformidad a la Ley, una ilegalidad no va a servir para enmendar un acto legislativo que en el fondo no esta bien hecho”, agregó.
Finalmente, consideró que otra opción para acabar con el conflicto sería “hacer un nuevo Código”, pues señaló que la idea es ir sacando del derecho penal los delitos ‘vánatela’ y dejarlos en los llamados ‘compensación de la víctima’, algo que no se hizo en el país, al contrario “se crearon más delitos, como si eso fuera un motivo de orgullo”.