Radio América. El dirigente del Partido Nacional, Roberto Ramón Castillo, no cree que los requerimientos presentados por la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO) sea «persecución política» contra nacionalistas.
No obstante, el entrevistado en Radio América, dijo que primero es el estado de inocencia de las personas, porque una cosa son las denuncias, mencionando a Ebal Díaz, Ricardo Cardona y al expresidente Juan Orlando Hernández que nunca tuvieron en su contra un requerimiento fiscal.
En ese contexto, Castillo no cree que haya persecución política como alegan algunos miembros nacionalistas.
«Si sienten que hay persecución política, pues existe el decreto de la Amnistía Política y deben plegarse a ella, pero si no lo hacen, entonces van a continuar situaciones obvias de un sector del «juanorlandismo» que no necesariamente eran nacionalistas, sino un montón de exfuncionarios liberales e inclusive del Partido Libertad y Refundación (Libre)», aseveró el profesional del derecho.
Sin embargo, el dirigente cachureco dejó en claro que Honduras necesita transparencia mayor transparencia en cualquier gobierno.
En un comunicado, el Ministerio Público indicó que la UFERCO presentó requerimiento fiscal contra el diputado Alberto Chedrani, del ahora opositor Partido Nacional, y los exdiputados Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz, José Vicente León y Rodimiro Mejía Merino.
El requerimiento también fue presentado contra dos contadores de las mismas ONGs y otras cinco personas particulares.
Según las investigaciones, los delitos señalados se cometieron entre los años 2013 y 2017, y los implicados actuaron en colusión con las ONG’s Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE) e Impulso Solidario (OIMSO).
En el caso de las personas particulares, estuvieron encargadas de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre, señaló el Ministerio Público, del que depende la UFERCO.
Indicó, además, que las imputaciones contra Alfredo Chedrani y José Vicente León, son por «fraude y lavado de activos», mientras que en el caso de Oswaldo Ramos Soto y Ricardo Antonio Díaz, «por fraude».
Los otros implicados habrían incurrido en «fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos», lo mismo que en «encubrimiento por receptación agravado» y «falsificación de documentos».
Los investigados «se coludieron para crear las ONG’s OLICODE y OIMSO, mediante las cuales desarrollarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán, mismos que solo se ejecutaron en un cinco por ciento aproximadamente y de los que al final se desviaron 18,95 millones de lempiras» (unos 773.470 dólares), añade el informe.
Información: Nelson Murillo y EFE
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