InicioNacionalesPara tapar investigación a ONG de la familia presidencial entregaron a «Rosita», dice Lobo Sosa

Para tapar investigación a ONG de la familia presidencial entregaron a «Rosita», dice Lobo Sosa

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Para tapar investigación a ONG de la familia presidencial entregaron a «Rosita», dice Lobo Sosa

Radio América – El expresidente Porfirio Lobo Sosa, reiteró en las últimas horas que su esposa Rosa Elena Bonilla fue acusada de corrupción para tapar las investigaciones que hacía la MACCIH a una o dos fundaciones que eran manejadas por la actual familia presidencial.

Rosa Elena asegura el dinero se ejecutó y lo demás se devolvió a Casa Presidencial

Indica además que, la Presidencia de Honduras y el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) negociaron para la salida del exvocero de la MACCIH Luis Jiménez Mayor y justificaron supuestamente porque «se le había pasado la mano».

«Yo he referido que un amigo mio llegó a mi casa días antes que se suscitará la orden de captura de ella y el allanamiento a mi vivienda, y me dijo, mire han decidido cinco que hay que darle algo a la MACCIH y ese algo es doña Rosa».

A lo que Lobo Sosa asegura que esa entrega fue para tapar un allanamiento que había hecho Jiménez Mayor en una oficina donde funcionaba una o dos fundaciones de la familia presidencial y que el exvocero de la Misión dijo que estaban llenando recibos apresuradamente justificando gastos.

La documentación de esas ONG’s fue incautada por la Fiscalía pero «de eso no se ha vuelto a saber nada», asegura el exmandatario.

Es por eso, según Lobo que se negoció la salida de Jiménez Mayor y decidieron que para que la MACCIH no se quedara sin ningún caso entregaron a su esposa y así «tapar» el de la familia presidencial.

El Ministerio Público solicita una pena mínima de 81 años de cárcel y la máxima de 128 años por delitos de malversación de caudales, 8 de fraude y uno lavado de activos para «Rosita.

Para Saúl Escobar y Mauricio Mora, exsecretario privado y cuñado de Rosa Elena respectivamente, la Fiscalía pide la pena mínima de 69 años y la máxima de 102 por ocho delitos de fraude, uno de lavado de activos y también por confabulación para lavar activos.

Información: Ana Julia Montoya

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