Radio América. «No es posible que un ministro con todos su privilegios busque obtener prestaciones laborales, cuestionó este viernes el abogado Benedicto Santos», quien además advirtió que tales acciones caen en responsabilidad penal, civil y administrativa.
«No es posible que un funcionario de la carrera diplomática en el exterior con sueldo de 30 mil dólares y en Honduras algunos ganan hasta 200 y 400 mil lempiras gocen de tener prestaciones en contra de lo que establece la Constitución de la República», cuestionó el profesional del derecho.
El entrevistado, en ese sentido, calificó un abuso de autoridad de los funcionarios que quieren prestaciones ya que perfectamente podrían ser mandados a la cárcel.
Cabe mencionar que un análisis jurídico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), señaló como «improcedente» la indemnización de prestaciones a funcionarios de confianza del gobierno y advirtieron que la acción incurre en responsabilidad civil, administrativa y penal.
Información: Javier Rivera
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