Radio América. A criterio del diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, todos los que negociaron los hospitales móviles para la atención de la emergencia Covid en Honduras deberían estar procesados y en la cárcel.
El congresista lamenta que el país parezca una nación “pirata” debido a la desidia del Ministerio Público en las acusaciones contra los implicados en actos de corrupción.
“Los corruptos no tienen fondo, ellos siguen con su sed de robarse el dinero de los pueblos. Este tipo de gente debería estar presa, pero no tenemos fiscalía”, expresó.
Dixon arremetió diciendo que el Ministerio Público no va hacer absolutamente nada porque su actuar pareciera forma parte de una estructura criminal que dirige el Estado.
“Si no le ponemos un acto a esta gente en el próximo Gobierno va a seguir haciendo y deshaciendo. Esto ya deberían tener un requerimiento fiscal y una alerta roja en Interpol”, objetó.
Mientras tanto esto acontece, señaló, el Fiscal de la República “se mantiene bajo la cama a la espera que termine su periodo dando cumplimiento a las órdenes del Ejecutivo”.
Dixon dice que no ha estado hasta el día de hoy a favor de la pena de muerte en Honduras, pero la indignación provocada por este Gobierno le hace pensar en ella.
“Indigna que nos hayan robado 48 millones de dólares con esa charra internacional y basura tóxica que representan 1,200 millones de lempiras en un país en donde han muerto casi 4,000 pacientes de Covid. Todavía tienen la cara para decirle que le debemos 35 millones en flete”
El diputado de Libre reprochó diciendo que el Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, se ha dedicado en su administración a proteger narcotraficantes y corruptos “se debería meter preso el mismo”, concluyó.
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