Radio América. En pocas horas se conocerá en los Juzgados de Ejecución Penal de Tegucigalpa, si el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña, se acoge al proyecto de amnistía política aprobado al inicio de la primera Legislatura.
Casaña acusado por abuso de autoridad en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), solicitó que se le aplique la amnistía que ya ha beneficiado a otros políticos del país como aconteció con Enrique Flores Lanza (exministro de la Presidencia) y Marcelo Chimirri (exgerente de Hondutel).
El parlamentario en días anteriores habría dicho que el decreto legislativo 04-2022, aprobado en febrero pasado, es una herramienta para que todos los perseguidos políticos en el marco del Golpe de Estado busquen justicia.
“Si aplica o no eso ya le compete a un juez”, dijo el diputado oficialista quien habría sido acusado por la Fiscalía de revalorizar beneficios sociales a 11,000 docentes jubilados cuando fungió como directivo del Inprema junto a cuatro dirigentes magisteriales más.
Un tribunal hondureño condenó en diciembre de 2021 a seis años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a Casaña y demás directivos (entre ellos el extinto Alejandro Ventura).
Pese a esa determinación judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el diputado de Libre por Santa Bárbara ha continuado ejerciendo como miembro del organismo unicameral en Honduras.
Casaña declaró en su momento a Radio América que la resolución de la Sala Penal revestía todas las características y condiciones de una sentencia política pues la revalorización la habían logrado en las calles en 2010.