Radio América. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, responsabilizó este miércoles al Estado hondureño en caso de acontecer algo con su vida luego de ofrecer protección a la familia del extinto empresario Miguel Carrión y exigir respuesta sobre su asesinato.
“Como activista de derechos humanos estamos claros que vivimos en Honduras y la situación de violencia y criminalidad pone en peligro a todos y todas”, dijo.
Maldonado expresó que las autoridades hondureñas no han respondido a la masacre donde fuera muerto el empresario Miguel Humberto Rodríguez Carrión el pasado 26 de febrero.
La denuncia coincide a poco más de dos meses con la muerte ayer también de uno de los contadores del empresario y su acompañante en la ciudad de San Pedro Sula.
Maldonado señaló que el día de los hechos (en el primer suceso) un comisario que funge como jefe del Distrito de apellido Amador protagonizó un incidente contra su humanidad.
“Nosotros hacíamos algunas conjeturas sobre lo sucedido pero él nos quiso involucrar y el fiscal encargado me citó la siguiente semana como testigo a la violación de los deberes de los funcionarios”, detalló.
No obstante, relató Maldonado, los miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el sector de La Puerta se dieron cuenta que el CODEH no es un organismo gubernamental y que no soy funcionario público.
En ese sentido, apuntó, lo tuvieron aproximadamente 2 horas sentado en las oficinas de la ATIC y se sintió enteramente sorprendido al conocer que se le investigaba por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
“Cuando se dieron cuenta que el CODEH no es un organismo del gobierno me devolvieron la cita y me ignoraron sentado en las oficinas sin tomarme declaración por el caso”.
En ese sentido se quejó de la situación jurídica del país y de los actos reñidos con la Ley por parte de agentes del Estado de Honduras.
“Esa guardia no la vamos a bajar y si eso les molesta a ellos y pueden llegar hasta atentar con nuestra vida, entonces ya sería una responsabilidad del Estado”, apuntó.
Maldonado dejó entrever que se sentiría perseguido pues pesa también contra él un requerimiento en los Juzgados por otro caso del que asegura no tener conocimiento de nada.
“Se nos quiere dañar la imagen y hostigar en este país”, dijo en referencia al Ministerio Público y la DPI.
“No nos van a obstaculizar nuestra labor y si quieren matarnos que nos maten porque aquí estamos a merced que algo nos pase”, acotó.
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