Radio América. La comunidad garífuna de Honduras denunció el lunes un «desalojo forzado» de decenas de personas en la comunidad de Punta Gorda, en la isla de Roatán, en el Caribe del país, un hecho que dejó además seis detenidos.
Ante la problemática, el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, informó que una Comisión del Congreso Nacional integrada por la diputada Silvia Ayala, el congresista, Ramón Barrios, Milton Puerto, Wilfredo Sabio y su servidor, este día se apersonaron a la isla de Roatán para realizar las gestiones ante el Ministerio Público, el Juez Allan Urbina y con el jefe departamental de la Policía Nacional.
Entre los detenidos figuran la coordinadora de Ofraneh en Punta Gorda, Melissa Martínez, Dorotea Arzú, Richard Armando Martínez, Abot Efrahin Sánchez, Keyden Tishany González y Augusto Moisés Dolmo.
En ese sentido, los integrantes de la Comisión Especial hicieron las consultas para conocer las razones y el instrumento jurídico aplicado a la comunidad de El Triunfo de la Cruz, en donde están protegidos por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como las circunstancias del desalojo en Punta Gorda.
Ramírez y los demás integrantes de la comitiva mañana sábado se reunirán con los líderes garífunas de Punta Gorda y con la parte demandante, para conocer las aristas que derivó el desalojo violento y que la Comisión en el Congreso de un informe de los hallazgos.
En el mismo, se podrá señalar normativas para asegurar a los pueblos indígenas sus territorios y la deducción de responsabilidades a las entidades en base al artículo 205 de la Constitución el cual permite al Congreso Nacional pedir acusaciones a cualquier ente del Estado de Honduras.
El parlamentario que preside la Comisión de los Pueblo Indígenas indicó que presentarán el informe el martes, en la que también se entrevistará a líderes y pobladores sobre las personas que resultaron golpeadas en el desalojo ocurrido en el sector garífuna de Punta Gorda, Islas de la Bahía.
Además, los congresistas conocerán respecto a la documentación, y de ese modo, brindarán un informe imparcial en base a las normativas del país.
En la presentación del informe, el entrevistado en Radio América, indicó que habrá normativas de ejecución y de responsabilidades las cuales se conocerán mediante conferencia de prensa, y, en donde también se dará una amplia explicación al pueblo hondureño sobre el desalojo de pobladores y captura de al menos seis líderes garífunas.
Una docena de familias de la comunidad de Punta Gorda sufrieron un desalojo de manera violenta en 2011, cuando unos 60 policías los expulsaron de un terreno ocupado por ellos hace más de dos siglos, pero que una institución militar reclama.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó «las agresiones y detención» de los seis integrantes de la comunidad garífuna en Punta Gorda en el marco de «desalojo forzado ejecutado por fuerzas policiales y militares en contravención a obligaciones de DDHH».
Información: Héctor Murillo
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