Radio América. El Concejo Territorial IndÃgena Ravaka, en defensa de su territorio este miércoles expresó su firme oposición a la construcción de una cárcel en el departamento de Gracias a Dios.
«Esta decisión no solo es injusta, sino que también amenaza nuestra cultura, medio ambiente y el bienestar de nuestra comunidad», soslayó el pronunciamiento.
Violación de derechos territoriales
«Este proyecto se realiza sin el consentimiento libre, previo e informado de nuestra comunidad, ignorando el derecho legÃtimo a decidir sobre el uso de nuestras tierras, tal como lo estipulan convenios internacionales como el 169 de la OIT», señaló el Consejo indÃgena.
Además, pormenorizó que «la tierra no es solo un recurso; es el fundamento de nuestra identidad y espiritualidad. La construcción de esta cárcel significarÃa una agresión directa a sus espacios sagrados, nuestra biodiversidad y la armonÃa de su territorio».
Del mismo modo, el comunicado enfatizó que una cárcel trae consigo riesgos de inseguridad, estigmatización y ruptura de la paz en «nuestras comunidades, alterando las relaciones sociales que hemos cuidado durante generaciones».
Desconexión con necesidades reales
«Nuestra comunidad enfrenta desafÃos crÃticos como el acceso a la educación intercultural, la salud, el fortalecimiento de nuestras prácticas agrÃcolas tradicionales y la protección de nuestros derechos colectivos. Este proyecto no responde a esas necesidades y prioriza intereses externos sobre el bienestar de nuestra gente», añadió el escrito.
En ese contexto el Consejo Territorial exigió que «se respete nuestra autodeterminación como pueblo indÃgena. Demandamos un diálogo genuino con las autoridades indÃgenas, donde nuestra voz como dueños del territorio sea escuchada y respetada».
Inversión en proyectos sostenibles
«Instamos al Gobierno a canalizar recursos hacia iniciativas que fortalezcan nuestro desarrollo integral, desde nuestra cosmovisión, y no a proyectos que destruyen nuestro tejido social y ambiental», demandó el consejo indÃgena.
Rayaka reafirmó su compromiso con «la defensa de nuestro territorio, cultura y nuestra gente. «No permitiremos que se impongan decisiones que atenten contra nuestra existencia y nuestros derechos colectivos», advirtió la nota.
«Las tierras de los pueblos indÃgenas de la Mosquitia no es para construir cárceles y negamos toda clase de colonización por parte del Gobierno de Honduras, enfatizó el pronunciamiento.
«Tierras de la Mosquita son indÃgenas y no del Estado»
La construcción de una cárcel en territorios indÃgenas plantea serias preocupaciones en cuanto a los derechos humanos, la autonomÃa de los pueblos originarios y la protección de sus territorios ancestrales.
En el pronunciamiento se rechaza categóricamente la instalación de centros penitenciarios en tierras indÃgenas, en tanto que violarÃa principios fundamentales consagrados en leyes nacionales como en tratados y acuerdos internacionales.
«La idea de ubicar una cárcel en territorios indÃgenas no solo constituye una forma de colonización moderna, sino que también es una amenaza directa para las culturas, el entorno natural y la autodeterminación de estos pueblos.», soslayó la nota.
Rechazo a Cárcel de Máxima peligrosidad
En el mencionado rechazo se arguyó que la construcción de la cárcel en tierras indÃgenas contradice varias normativas internacionales que protegen los derechos de los pueblos
Entre las cuales se incluyen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos ancestrales (2007). En su artÃculo 10, la declaración establece que «ningún pueblo indÃgena podrá ser trasladado de sus tierras o territorios sin su consentimiento libre, previo e informado».
Del mismo modo, afirmaron que la construcción de la cárcel sin el consentimiento de la comunidad indÃgena violarÃa este principio fundamental.
Según el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos IndÃgenas y Tribales (1989), ese tratado, ratificado por numerosos paÃses, estipula que los pueblos indÃgenas deben ser consultados en cualquier proyecto que afecte sus tierras y modos de vida.
De acuerdo con el artÃculo 6 del convenio, «los pueblos interesados deben ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas.
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