Radio América. El coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), César Espinal, este sábado señaló que las instituciones del Estado siguen «capturadas por grupos de poder político y eso produce que la corrupción y la impunidad continúe en aumento en Honduras.
La embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, manifestó que la corrupción en Honduras “es terrible” y considera necesario la llegada de un mecanismo al país como la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).
“La corrupción es terrible en este país y ha impactado a cada persona; es importante construir un mecanismo diferente para luchar contra la corrupción y creo que la CICIH es uno de los mecanismos importantes”, expresó.
Ante lo manifestado por la diplomática estadounidense, el profesional del derecho dijo que las valoraciones sobre la corrupción en el país, lindan en la percepción de la ciudadanía y en las organizaciones de la sociedad civil.
‘Instituciones capturadas’
«El trabajo que realizamos desde el CNA revela que las instituciones estatales siguen capturadas por grupos de poder político y eso genera que la corrupción aumente ya que los indicadores establecen que Honduras es uno de los países más corruptos de Latinoamérica», señaló el abogado.
Ante las cifras de corruptela, el entrevistado soslayó que «lastimosamente» no hay voluntad para combatir el flagelo y provoca que los esfuerzos no tengan resultados positivos, por lo que los organismos civiles se encuentran con brechas existentes, por ejemplo, de 167 casos de corrupción 131 están en la impunidad.
Falta de voluntad
Por lo anterior, el miembro del CNA subrayó que eso refleja la falta de voluntad política porque no existen esfuerzos efectivos por quienes realizan la persecución penal en el país.
Espinal soslayó que la corrupción es un problema estructural o endémico enraizado en lo más profundo de las administraciones gubernamentales y al mismo tiempo lamentó que no se ha mostrado interés de sanear y fortalecer la institucionalidad para que haya retrocesos al acaparamiento de las entidades del Estado por los corruptos, y cuya situación recae en las autoridades de gobierno cada cuatro años.
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