Radio América. Las últimas acciones de extinción penal relacionadas al decreto 4-2022, contenida en la Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, ha levantado la opinión de varios sectores en Honduras.
Los cuestionamientos indican que la normativa estaría favoreciendo en otros cargos judiciales (no relacionados a aspectos de represión por el golpe de Estado) a exfuncionarios de la administración Zelaya en el periodo 2006-2009.
En torno a ello se ha sumado el jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, quien ha manifestado que los que menos se han beneficiado con el decreto de amnistía aprobado por el reciente Congreso son los verdaderos presos políticos.
“Los que menos se han beneficiado son los verdaderos presos políticos que aún enfrentan procesos penales, pero si ya se declaró la extinción de responsabilidad penal para varios que sí cometieron actos de corrupción”, posteó.
En un segundo tuit el miembro del CNA señaló que se ha instrumentalizado a varios luchadores sociales para conseguir un decreto que les está allanando el camino para asumir cargos como altos funcionarios.
Lo anterior, dijo el profesional del derecho, pese a los actos de corrupción que ya fueron denunciados en el país.
El capítulo II de ese decreto establece que se concede amnistía general, amplia e incondicional a las personas que hayan sido acusadas penalmente y se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero 2006 al 28 de junio 2009 en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya.
TUITS:
Con el decreto de amnistía e impunidad aprobado por el Congreso, los que menos se han beneficiado son los verdaderos presos políticos que aún enfrentan procesos penales, pero si ya se declaró la extinción de responsabilidad penal para varios que SI cometieron actos de corrupción.
— Odir Fernández (@odirfernandez) February 27, 2022