Radio América. Un informe presentado ante la Corte del Distrito Sur por la defensa del exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez revela detalles clave que buscan desacreditar las acusaciones de participación en diversos asesinatos, incluyendo el del periodista Nahúm Palacios, asesinado en marzo de 2010 en el norte del país.
Con nuevos testigos protegidos, la defensa argumenta que las afirmaciones de la parte acusadora, como Devis Rivera Maradiaga, alias “El Cachiro”, carecen de coherencia y pruebas contundentes.
En ese sentido, ayer se conoció que esta semana fue presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por parte de la defensa del excongresista procesado en EEUU, un texto denominado: “Informe posterior a la audiencia en nombre del acusado Midence Oquelí Martínez” en el que expone varios argumentos de alegato.
La defensa justifica que Oquelí Martínez no tenía interés en asesinar al comunicador en aquel entonces ni a otras figuras, como el exdiputado Juan Ramón Salgado.
Señalan que Martínez mantenía buenas relaciones con la prensa, lo que contradice cualquier motivación plausible para cometer el crimen.
Nahúm Palacios, quien trabajaba en Tocoa, Colón, fue un periodista crítico y según la acusación, el comunicador habría sido asesinado por órdenes de Martínez debido a su cobertura mediática negativa.
Sin embargo, la defensa refuta estas afirmaciones argumentando falta de pruebas de un móvil directo.
El testigo principal, Rivera Maradiaga, colaborador de la fiscalía estadounidense, declaró que Palacios fue asesinado al ingresar a su casa, pero informes periodísticos y pruebas de la defensa muestran que el periodista fue emboscado y baleado mientras conducía su vehículo.
En ese sentido, los abogados del exdiputado acusado de narcotráfico y otros delitos de violencia, consideran que estas discrepancias ponen en duda la credibilidad del relato de Rivera, exlíder cabecilla del cártel “Los Cachiros”.
Otras fuentes
En el texto, la defensa detalla que un testigo hondureño es del conocimiento que Palacios recibía amenazas de muerte de otros individuos, incluyendo un comandante militar vinculado al golpe de Estado de 2009.
Según esta declaración, el periodista fue hostigado y su transmisión fue destruida por negarse a silenciar sus críticas.
La parte legal de Oquelí expone que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que Palacios fue asesinado por ejercer su libertad de expresión y oponerse al golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya.
Además, la defensa destaca que el periodista había recibido medidas cautelares de la CIDH, aunque estas nunca fueron ejecutadas por el gobierno hondureño.
Argumentos
La defensa subraya que no existe evidencia forense que vincule a Martínez con el asesinato de Palacios.
Martínez, que en diciembre pasado fue sometido a una audiencia fáctica o probatoria en Nueva York, pertenecía al mismo partido político que el expresidente José Manuel Zelaya, derrocado en 2009.
Según el equipo legal, su postura neutral durante el golpe y su afinidad política con Zelaya eliminan cualquier motivo para actuar en contra de Palacios, un crítico del régimen golpista.
La defensa asegura de declaraciones de testigos que señalan además la existencia de otros posibles sospechosos en el asesinato de Palacios, incluyendo a personas que se sentían directamente amenazadas por su trabajo periodístico. Algunos de estos sospechosos incluso habrían sido asesinados posteriormente.
La defensa argumenta que el contexto de violencia contra comunicadores refuerza la teoría de que Palacios fue víctima de un ataque generalizado contra la prensa, no de una conspiración personal de Martínez.
Los abogados defensores enfatizan que las pruebas presentadas por el Gobierno son insuficientes y basadas únicamente en testimonios inconsistentes como el de Rivera Maradiaga “quien ha testificado falsamente en otros juicios”.
Además, destacan que los artículos periodísticos citados no corroboran las acusaciones y, en algunos casos, contradicen los relatos presentados por la fiscalía mediante Rivera.
En resumen, el informe señala que no existe evidencia confiable que vincule a Martínez con el asesinato del periodista Nahúm Palacios.
La defensa insiste en que las acusaciones carecen de fundamento sólido y que el testimonio de Rivera no cumple con los estándares necesarios para sustentar la culpabilidad del acusado ante la Corte.
Como antecedente, cabe mencionar que el excongresista del Partido Liberal fue capturado el 3 de diciembre de 2022 por autoridades policiales en el norte del país y extraditado en 2023 a EEUU donde se declaró culpable de conspiración para la introducción de cocaína a eEUU.
Según la acusación de los fiscales norteamericanos, Martínez Turcios fue uno de los hombres más cercanos a Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, los dos hermanos que dirigían la banda “Los Cachiros”.
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