Radio América. La presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, Delma Ordoñez, interpuso una querella en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del comandante de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), Amílcar Hernández.
Sin embargo, en las últimas horas el Poder Judicial designó al juez unipersonal que conocerá la causa y quien determinará si procede o no la querella.
En ese sentido este miércoles el expediente 1238-2021 ya se encontraba en el despacho del juez número doce del Tribunal de Sentencia.
El comandante Amílcar Hernández “me tendrá que comprobar en los tribunales que yo recibí dinero de la Mara Salvatrucha”, expresó a Radio América la ofendida.
Los delitos que imputa la defensora de familiares de privados de libertad son de injurias y calumnias.
La semana anterior el comandante de la FNAMP señaló en un foro televisivo a la coordinadora de dicha ONG, de defender a miembros de maras y pandillas y de haber recibido 250 mil lempiras de la MS-13 para constituir la personería jurídica de dicha organización.
Respecto a su solicitud de querella expresó que “es personal, es como Delma Ordoñez, presidenta de la Asociación”.
Como medios de prueba Ordoñez detalló que presentaron un CD grabado con el programa entero y más de 27 link en donde salía publicada la noticia.
Rechaza haber recibido dinero
La defensora de los familiares de privados de libertad lamenta que el comandante Amílcar Hernández en lugar de centrarse en resolver la problemática de los centro penales del país se dedicara a atacar con difamaciones.
“Me acusó directamente como para callarme y me utilizó como chivo expiatorio de lo que estaba sucediendo en el centro penal de máxima seguridad en Morocelí”, objetó.
En ese sentido rechazó las acusaciones del titular de la FNAMP manifestando que nunca ha tomado recursos de dicha estructura criminal.
Ordoñez comentó que hasta hace poco comenzó con ayuda de su familia a buscar la legalización de la organización, pues en varias ocasiones ha gestionado documentos ante el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y estos le han sido denegados aduciendo falta de personería jurídica.
Acusación desesperada
La dirigente aduce que su accionar sobre la situación real del sistema penitenciario en el país le ha creado malestar a las autoridades. “He sido una piedra en el camino”.
En consecuencia teme por su vida y la de su familia, así como la de su hijo quien se encuentra privado de libertad.
Ordoñez considera imprudente por parte del comandante Hernández decir de manera abierta sin fundamentos que ella pertenece a una estructura de pandillas. “Los miembros contrarios de esas organizaciones pueden creer que es cierto y pueden atentar contra mi vida”.
“La acusación la hicieron sin fundamento y la hicieron desesperados como para callarme la boca”, acotó.
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