Radio América. El Juzgado Penal en Materia de Corrupción dictó medidas distintas a la prisión al exministro de la SecretarÃa de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco), Gabriel Rubà y demás exfuncionarios.
Al exsecretario de Copeco Gabriel Alfredo Rubà Paredes, al exsubcomisionado Gustavo Adolfo Cruz Gómez y al exadministrador de esta institución, Cristian ElÃas Santeli, la FiscalÃa los supone responsables como autores directos de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
También se acusa a la directora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación de Copeco, Arlette Magaly Montero RodrÃguez por el delito de fraude a tÃtulo de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública y al representante legal de la empresa JF Construcciones, Fernando Sierra por el mismo delito.
Los exfuncionarios de Copeco comparecieron a la audiencia de declaración de imputados ayer jueves, la misma se prolongó toda la tarde y finalizó en horas de la madrugada de este viernes.
Para el próximo viernes 10 de junio se programó la audiencia inicial de este caso a las 9:00 de la mañana.
Se establece que los exfuncionarios en el marco de un decreto de emergencia solicitaron la construcción de un centro de triaje en el Instituto Nacional Cardiopulmonar más conocido como el Hospital del Tórax.
Según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias, sin embargo, se suscribió un contrato por más de 4 millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.
De acuerdo a las indagaciones, la obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, además se omitió los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado.
La investigación también establece que Gabriel Rubà autorizó el pago del 15% por anticipo sin cumplir con todos los requisitos previos al inicio de la obra.
Mientras que Gustavo Adolfo Cruz fue quien decidió de manera unilateral qué empresa serÃa la que ejecutarÃa la obra, también Cruz era quien hacia las verificaciones de avances y recibÃa las estimaciones, labor que no le correspondÃa.
La obra al final quedó inconclusa, no hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantÃa de calidad de la obra.
