Radio América. El abogado penalista y candidato a la presidencia por el Partido Anticorrupción (PAC), Julio César López Casaca, fue consultado este miércoles respecto a la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso del diputado nacionalista Reynaldo Ekónomo.
El parlamentario de Cortés únicamente fue procesado por el delito de fraude y fue favorecido con medidas distintas a la prisión en la acusación sobre lavado de activos, por lo que se defenderá en libertad.
Las imputaciones promovidas ante el Poder Judicial están relacionadas a una ampliación a la última línea de investigación judicializada por corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el caso denominado “14 contratos”, donde se señala de un megafraude por el orden de los 158 millones de lempiras.
“Desde que estábamos en la Facultad de Derecho reconocimos que la Ley Penal en Honduras estaba hecha sólo para la gente pobre”, inició diciendo.
El profesional del derecho expresó que el caso de Ekónomo es el resultado de las reformas al Código Penal realizadas por el Congreso Nacional “abusivamente”.
El jurista hondureño criticó que dichas acciones han permitido a los señalados de alta categoría “cobijarse en un manto de impunidad”.
“Creo que esto no sólo pasará con Ekónomo sino con todos aquellos que le han robado al fisco descaradamente”, deploró.
El Congreso de la República, apuntó, lastimosamente no elabora leyes de forma general para la aplicación al pueblo, sino para “cobijarse ellos”.
“La Corte Suprema en conjunto con el Congreso y la Fiscalía lo que están haciendo es prácticamente blanquear el dinero sucio que le han robado al país producto de la corrupción”, dijo.
El aspirante a la máxima magistratura del país lamentó que en Honduras la falta de arraigo determine el futuro legal de un pobre, no así el de los ricos.
“Las medidas cautelares parecen estar hechas solo para gente con arraigo”, arremetió.
Con lo antes expuesto, añadió, no tiene sentido que el Estado continúe invirtiendo dinero en institucionalidad sin fuerza de acción penal. “No sirve gastar en oficina de Transparencia ni Tribunal Superior de Cuentas”.
Cuestionó que el mismo Código Penal reformado establece que nadie está obligado a rendirle cuenta al Estado sobre la proveniencia de sus fondos.
“Se está dando licencia para que haya más impunidad, robo y corrupción”, criticó López en declaraciones a Radio América.
“Se está estimulando el fraude, la corrupción y el despilfarro al Fisco”, objetó, lamentando la mala imagen que se profiere a nivel internacional.
Finalizó diciendo que en Honduras prácticamente se tiene “legalizada la corrupción” por el alto grado de impunidad que prevalece.
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Con información: Nelson Murillo