Radio América. En Juicio Oral y Público por el caso de los hospitales móviles, el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, este miércoles solicitó a las autoridades judiciales tener wifi disponible y comunicación permanente con sus abogados y familiares.
«A pesar de seguir en prisión preventiva y aunque lo lógico serÃa que podieramos defendernos en libertad, solicitamos se nos permita acceso al material de los cargos que ha señalado el Ministerio Público, y tener wifi disponible para una comunicación permanente con nuestros abogados y familiares», demandó el imputado.
El argumento de petición de Bográn, «es porque no estamos pagando una pena y nuestro estado de inocencia que lo presume la Constitución de la República no ha sido enervado por el Ministerio Público, por lo tanto no debemos estar incomunicados, encerrados y ser objeto de requisas en la celda, que nuestros comestibles no deben ser lanzados al suelo o alrededor del servicio sanitario».
El extitular de Invest-H, dijo, «lo mas importante de todo para poder ejercer nuestro derecho de defensa que la Constitución de la República nos consagra, es que necesitamos comunicación y el material, ya que de las 24 horas del dÃa, tenemos 10 minutos para hablar por teléfono con los familiares y abogados».
En el primer dÃa del juicio contra los exfuncionarios hondureños, las partes procesales presentaron «incidentes» para lograr que se les “admitan más medios de prueba», indicó el Poder Judicial de Honduras en un comunicado.
Bográn y Moraes permanecieron en la sala del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Corrupción hasta terminar la primera vista del juicio, que concluirá el 31 de enero, agregó.
Los exfuncionarios son acusados de dos delitos de fraude y dos de violación de los deberes de los funcionarios en la compra de siete hospitales a una empresa en TurquÃa, por un coste de 47,5 millones de dólares.
En el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público se señala que los hospitales «no brindan la atención para lo que fueron adquiridos, lo que causa un perjuicio económico para el Estado», añadió.
Los hospitales móviles fueron comprados entre marzo y abril de 2020 por Bográn y Moraes, quienes están recluidos desde 2021 en una unidad militar cercana a la capital hondureña.
Las unidades móviles se compraron de manera «directa y fraudulenta» a través del guatemalteco Axel Gamaliel López, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC, quien tiene una orden de captura con alerta roja internacional desde abril de 2021, según el Ministerio Público.
El empresario guatemalteco es acusado también por dos delitos de fraude a tÃtulo de cooperador necesario y, en Estados Unidos, donde reside, le han sido asegurados más de 100 millones de lempiras (4,1 millones de dólares) de una cuenta bancaria.
El delito de violación de los deberes de los funcionarios es castigado con una pena de entre tres a seis años de prisión y la inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la condena, según el artÃculo 349 del Código Penal de Honduras.
En tanto, el delito de fraude es sancionado con hasta nueve años de cárcel más la inhabilitación absoluta doble del tiempo que dure la pena. EFE
ac/dmt
Información: Estela Rovelo y EFE
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