Radio América. El dirigente del transporte urbano, Wilmer Cálix, detalló este martes que la acción programada para este día por parte del rubro se trata de una marcha pacífica hacia Casa Presidencial en Tegucigalpa, pidiendo se pare el cobro de la extorsión.
“La marcha no se detendrá y se trata de una movilización pacífica para demostrar a todas estas organizaciones que el sector transporte está de rodillas y no puede más”, expresó.
La queja es para destacar que el mal llamado “impuesto de guerra” ha creado dolor no sólo en el rubro sino también en varios micro y medianos empresarios del comercio.
Lo que busca el gremio, apuntó Cálix, es que se prevenga dicho flagelo a fin de que no se salga de las manos ante la sociedad la problemática de la extorsión.
La marcha programada para este día está prevista iniciar en el Mall Premier de Comayagüela y salida al sur de la capital a fin de converger en el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa.
La intención aseguró el dirigente no es afectar a la ciudadanía y por tal motivo acordaron brindar su servicio hasta las 8:30 a.m para luego dirigirse a Casa de Gobierno.
“El tema de la caravana no afectará tanto como lo ha venido haciendo la extorsión a los transportistas por la pérdida de vidas humanas”, argumentó el entrevistado, quien anunció también un reclamo público frente al Poder Judicial.
La extorsión está agobiando
El directivo reiteró que el tema de la extorsión tiene “agobiado” a los transportistas y que ya está mutando a varios empresarios.
Cálix mencionó que desafortunadamente Tegucigalpa es una de las ciudades del país que más paga a los grupos criminales en extorsión, pues se estima anda en 22 millones de lempiras.
“Aunque el dinero no es tan importante como sí lo son las vidas que se pierden”, expresó el miembro del transporte, quien espera no sigan muriendo los operarios del rubro.
A nivel nacional el desembolso del gremio a la extorsión anda en alrededor de los 40 y 50 millones de lempiras mensuales, deploró.
El dirigente manifestó que la Policía por sí sola no podrán hacerle frente a ese “oscuro mal” y que requerirá de la ayuda de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Congreso Nacional y la Presidencia.
“Este flagelo se debe enfrentar como debe de ser, con todo el peso de la ley”, subrayó el entrevistado en declaraciones al noticiero “El Minuto” de Radio América.
A su criterio, el combate a la extorsión ha fallado en Honduras porque cada institución hace su trabajo por separado y no hay una conjunción de fuerzas.
Fuertes cifras
En el recuento de datos mencionó que en lo que va de este año el rubro del transporte registra 50 unidades quemadas y 496 colaboradores que han perdido la vida en los últimos cuatro años.
De igual forma manifestó que unas 500 unidades han sufrido atentados siendo tiroteadas y al menos 60 operarios del rubro han perdido la vida durante este 2022.
“Eso es lamentable y no queremos seguir poniendo más muertos, porque nuestros empleados tienen el derecho de vivir y ver a sus hijos crecer. Este flagelo está acabando con la sociedad”, apuntó.
Wilmer Cálix no descarta que dentro del gremio del transporte estén empresarios o trabajadores implicados con organizaciones ilícitas, sin embargo, estima que también se le mete algo de mediastino al tema.
“Los que denuncian deberían mostrar las pruebas para que les caiga todo el peso de la ley a los que tienen indicios de vinculaciones”, externó.
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Con el reporte de: Nelson Murillo