Radio América. El Juzgado de Letras en Materia de Corrupción dictó ayer en resolución de audiencia inicial un auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión para el extitular de Copeco, Gabriel Rubí, por la compra de una sala móvil en Villanueva, Cortés.
En ese sentido, el extitular de la Comisión Permanente de Contingencias luego de conocer la resolución del togado, anunció que apelará el auto de formal procesamiento por el delito de violación a los deberes de los funcionarios.
“Hay veces resulta algo contradictorio que se nos haya reconocido la celeridad con la que actuamos en funciona de atender la emergencia de manera expedita”, comenzó diciendo el exfuncionario, quien indicó que el bien fue utilizado por un aproximado de 33,000 personas.
Según el requerimiento fiscal, los encausados aprobaron la compra de la carpa móvil para la atención de personas con covid-19 por un monto de 5 millones 560 mil 278 lempiras mediante contrato de manera directa.
“El hecho de no haberle mandado a firmar al expresidente Hernández el contrato cuando se nos aprobó la compra en una reunión del SINAGER ha sido tomado como falta a los deberes de los funcionarios”, dijo.
De esa forma precisó que recurrirá a los instrumentos legales que conlleva “porque no quedó bien clara esa parte”.
En cuanto al sobreseimiento provisional por el delito de fraude explicó que la compra se le hizo a un fabricante de forma directa en los Estados Unidos, el cual es proveedor del ejército y otros países del mundo.
Rubí mencionó que queda con medida provisional porque restaría conocer lo referente a una de las partes, no obstante, resaltó que ha quedado demostrado ante el juez que no hay ninguna colusión.
“Lo que sucedió fue una situación administrativa expedita a fin de que el bien viniera de forma rápida país y vale más que fue así, porque 10 días después los aeropuertos fueron cerrados en el mundo y el problema fuese otro en este momento de porqué no vino”.
Antes de concluir aseguró que no está satisfecho con la resolución porque “me queda todavía la duda del tema contradictorio” de que si se aprobó la compra en SINAGER el presidente estaba enterado.
La juez les habría dicho que debieron enviar una nota aparte, sin embargo, Rubí argumenta que no tuvieron tiempo por la premura de la emergencia en ese momento.
“Yo no quedé conforme -con el dictamen- y apelaré; creo que la fiscalía hará lo mismo”, concluyó el procesado, aclarando estar dispuesto a que todo se esclarezca lo máximo posible.
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Con el reporte de: Estela Rovelo