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Vicepresidente del Congreso niega que se estén protegiendo delitos de corrupción con decreto de amnistía
Radio América. El decreto de amnistía política ha generado polémica en las últimas horas tras el otorgamiento de cartas de libertad a exfuncionarios que en su momento fueron acusados por actos de corrupción en el país.
La determinación judicial ocurrida el pasado viernes a favor del exministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza, ha sido duramente cuestionada por los máximos representantes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, consultado por Radio América este lunes expresó que la Ley establece un mecanismo a través del cual participan organizaciones de sociedad civil.
El funcionario legislativo arguye que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) no se prestaría a defender delitos comunes como corrupción.
“Sé que ha habido una gran reacción a esto -del decreto 4-2022- de qué se está protegiendo delitos de corrupción, pero no es así” como se piensa, defendió diciendo.
Pino aseguró que en el caso de establecimiento de una comisión internacional contra la corrupción en el país va a tener la libertad de investigar todo tipo de caso.
Apuntó que si en algún momento encuentra casos desligados a la política y ligados a la corrupción “creo que se tendrán que hacer las enmiendas correspondientes”.
Las declaraciones se dan en el marco de la derogación de la Ley de Secretos en su tercer y último debate este martes en el Congreso Nacional de la República.
“Lo que se está haciendo por parte del legislativo es quitar los obstáculos que impedía el acceso del ciudadano común y de los entes investigadores como el Ministerio Público”, añadió.
En cuanto a la forma de obtención de información corresponderá a los órganos jurisdiccionales del país determinar esos detalles.
El capítulo II de ese decreto establece que se concede amnistía general, amplia e incondicional a las personas que hayan sido acusadas penalmente y se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero 2006 al 28 de junio 2009 en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya.
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