Radio América. Autoridades de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCISUR), en conferencia de prensa señalan que las invasiones de 2 mil 500 hectárea de tierras productivas dejan perdidas por arriba del billón de dólares al año.
“Tomando en cuenta el modos operandis en realidad estamos hablando de crimen organizado. Es importante empezar a ver el tema de esta manera porque estamos hablando del estado de ley o no”, dijo Víctor Wilson, presidente de la CCISUR.
“En el país han sido invadidas mas de 14 mil hectáreas de plantación de palma africana que deberían estar produciendo aproximadamente 25 toneladas de aceite por hectárea y eso en la mayoría ya no sucede, eso significa que la producción nacional del país va a ser relativamente impactada en los años futuros”, agregó.
En ese sentido, el titular de la CCISUR manifestó que la invasión ilegal de crimen organizado empobrece el país dado que se pierden alrededor de un billón de dólares al año equivalentes a más de 24 mil millones de lempiras.
“Nadie va a querer invertir cuando la inversión puede ser invadida en confabulación con el crimen”, comentó.
FEDERACIÓN NACIONAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE HONDURAS
“Estamos juntos en esta situación, nos preocupa porque no vemos una actitud contundente a parar estas invasiones lo cual va a terminar en una situación grave en especial para el país y va a terminar afectando a los principales generadores de empleos”, expresó el director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), Guillermo Cerritos.
“La lucha de parte de la empresa privada es justa y necesaria, queremos evitar cualquier perdida de vida humana, eso es lo que más nos interesa que las personas no sean conducidas a una situación de ilegalidad ya que este delito de usurpación debe ser administrado por las autoridades de forma inmediata”, apuntó.
“Se esta desatando una situación que esta generando inseguridad personal de los empresarios, trabajadores, en los operadores de justicia, la policía y los jueces. Los fiscales y jueces deben ser protegidos y dárseles la seguridad necesaria para que puedan hacer su trabajo en el campo y las ordenes de desalojo puedan ser lo más expeditas posibles”, finalizó diciendo Cerritos.
Con información de Ricardo Castillo.