Radio América. Julieta Castellanos, exintegrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el marco del Golpe de Estado de 2009, manifestó este lunes tras la detención del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, que el reto del Ministerio Público ahora es demostrar que el caso no se trata de persecución política.
La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reiteró en ese sentido la necesidad de justicia para las víctimas del Golpe de Estado en Honduras “el reto del Ministerio Público ahora es demostrar que no es persecución política”.
En el informe titulado «Para que los hechos no se repitan», la comisión identificó a 11 víctimas, entre ellas Isis Obed Murillo, quien se convirtió en un símbolo de la violencia desatada en aquel contexto.
Castellanos subrayó que las víctimas tienen derecho a investigaciones serias y derecho a la justicia, indicando que la fiscalía hondureña debe actuar en representación de la sociedad en su conjunto.
De esa forma la versada instó a las autoridades a ampliar las investigaciones hacia otros casos de homicidios en los que se presume la participación de instituciones del Estado, como es el caso de Alfredo Landaverde, el Zar antidrogas, Aristides Gonzales y la joven universitaria, Keyla Martínez, muerta en una estación de Intibucá bajo custodia policial.
La exrectora advirtió que, si el Ministerio Público se enfoca exclusivamente en este caso tras 15 años de inacción, podría ser acusado de persecución política.
Por ello, destacó la importancia de asumir investigaciones que involucren a actores de distintos sectores para evitar ese estigma. “De no hacerlo, el calificativo de persecución política se agrandará”, añadió.
El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez y otros dos militares, acusados por homicidio en el marco del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya, fueron enviados este lunes a la Penitenciaría Nacional de Támara.
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