Radio América -EFE. La discriminación y el idioma son las principales barreras que enfrentan los pueblos indÃgenas para acceder a la Justicia en Honduras, señalaron este martes expertos en un foro, en el que reclamaron «justicia» por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en 2016.
En la inauguración en Tegucigalpa del Foro ‘Berta Cáceres y la justicia para los pueblos indÃgenas’, Ana Samayoa, experta en derechos humanos de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), dijo a EFE que en Honduras hay «muchos obstáculos de carácter estructural» para que los indÃgenas accedan a la justicia.
Obstáculos a la justicia
«Hay muchos obstáculos de carácter estructural, la centralización de los servicios de justicia, la barrera muchas veces del idioma, que de cierta forma pueden constituir una especie de discriminación estructural», subrayó.
Samayoa insistió en la «búsqueda de justicia» y la veedurÃa social para conocer los avances del Poder Judicial para garantizar el acceso al sistema de justicia.
Sistema judiciales independientes e imparciales
La experta de la DPLF pidió tener «paciencia y no perder el ánimo» de que la justicia llegará, aunque para ello, añadió, se necesitan judicaturas «independientes, imparciales y comprometidas con el cumplimiento de la ley».
Destacó que acabar con la impunidad es «una obligación» del Estado a través del fortalecimiento del sistema de justicia para que las investigaciones sean «efectivas», pero también para que los procesos se lleven a cabo «en plazos razonables», los responsables sean sancionados y se repare a las vÃctimas.
«Los delitos y violaciones a derechos humanos producen daños en las vÃctimas que deben ser reparadas», enfatizó la Samayoa, tras recordar el «emblemático» caso de la ambientalista hondureña Berta Cáceres.
Condenas
Lamentó que las condenas a ocho hombres por el crimen de Cáceres «no se encuentren firmes», y señaló que la demora en la resolución de recursos produce una «justicia inefectiva».
El hondureño Roberto David Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), firma que pretendÃa construir la hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponÃa Cáceres, fue condenado en 2022 a 22 años y 6 meses de prisión tras ser declarado «coautor intelectual» del asesinato de la ambientalista.
En 2019 fueron condenados 4 de 8 acusados a 34 años de prisión por el crimen de Berta Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro.
Otros 3 fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.
Berta Cáceres «fue callada por pedir justicia»
Apolonia AgustÃn, del Consejo de Pueblos Mayas, coincidió con Samayoa subrayando que la discriminación es uno de los principales obstáculos que enfrentan los indÃgenas al momento de buscar justicia.
Los indÃgenas son vistos «de menos» cuando buscan justicia, señaló AgustÃn, quien denunció también que los pueblos originarios no tienen acceso a sus derechos humanos.
En declaraciones a EFE, la experta guatemalteca indicó que Berta Cáceres fue «callada por pedir justicia y, sobre todo, hacer valer los derechos humanos de los pueblos indÃgenas».
Cáceres murió a tiros el 2 de marzo de 2016 en la localidad de La Esperanza, en el oeste de Honduras, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibÃa.
AgustÃn se preguntó: «¿por qué no han hecho justicia para Berta (Cáceres)?» a 8 años de su crimen.
En el foro participó también Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de la ambientalista, quien dijo que en la causa de Berta Cáceres hay una «injerencia indebida» de un grupo económico interesado en la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca, y reclamó «una pronta actuación» del Tribunal Supremo en la confirmación de las condenas. EFE.
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