Tegucigalpa, 22 abr (EFE).- La extradición desde 2014 de una treintena de hondureños a EE.UU., acusados por narcotráfico, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, evidencia la debilidad de todo el sistema de justicia de Honduras, según la opinión de analistas locales.
«Aquí vemos que ha fallado todo el sistema de instituciones que tienen que ver con la justicia, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía, organismos de inteligencia y contrainteligencia, igual las Fuerzas Armadas», dijo a Efe en Tegucigalpa el analista Omar Andrés García Calderón.
FRACASO DE LA JUSTICIA, SEGÚN ANALISTA
Lo que ha venido viviendo el país, con muchas denuncias de corrupción, narcotráfico y la extradición de decenas de hondureños a Estados Unidos, que los acusa de introducir drogas a ese país, «ha puesto en evidencia la desinstitucionalización que ha estado sufriendo Honduras en los últimos 30 años», agregó.
Hernández fue extraditado el jueves a EE.UU., que lo acusa de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas, además de operar su país como un «narcoestado» y usar sobornos que recibió de narcotraficantes como «El Chapo» Guzmán para cometer fraude electoral en las dos elecciones a las que concurrió, en 2013 y 2017.
García Calderón subrayó que el caso de Hernández refleja el fracaso de todo un sistema judicial en cuanto a no tener ninguna situación que haga decir que se estuvo investigando o ya se habían denotado las actividades o acusaciones que podrían vincularse con el expresidente.
Dijo que como hondureño siente «vergüenza» y ve el «fracaso de personeros que ganan mucho dinero desde los puestos donde están que, ya sea por mediocridad, complicidad o por miedo, no hicieron su trabajo y lo que ha venido a hacer EE.UU. es poner de manifiesto el sistema de acusación y de defensa de lo que es nuestro».
«Todo el aparato de justicia nacional ha quedado en evidencia, desnudado con respecto a ello. Ha quedado en evidencia también la falta de capacidad de respuesta soberana de parte del país, que debe hacer justicia como corresponde por esos delitos», recalcó.
En los últimos cinco años fueron muchas las denuncias contra Hernández de estar metido en el tráfico de drogas, tanto de autoridades de EE.UU., como de hondureños que enfrentan juicio en ese país por narcotráfico, pero en Honduras ninguno de los órganos del Estado lo investigó. Hernández ha rechazado las acusaciones y reiterado, incluso el día de su extradición, que es «inocente».
El jueves, pocas horas después de que fue extraditado, el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, dijo en una rueda de prensa en Washington que «Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado».
La acusación formal, de 20 páginas, alega que Hernández formó parte de una conspiración que desde 2004 transportó más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a través de Honduras, procedente de Colombia, Venezuela y otros países.
Como parte de esa conspiración, Hernández recibió «millones de dólares de múltiples organizaciones narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares», indica la acusación.
El analista hondureño señaló que con la extradición de Hernández también ha quedado en evidencia «la situación de un país pobre que vive el día a día, y donde alguien se encargó de concentrar poderes, arruinar la vida republicana, mancillar plataformas de partidos políticos con compra de voluntades y poder».
LA JUSTICIA HONDUREÑA DEBE RECUPERAR SU PAPEL
En su opinión, para que puedan asentarse los delitos de los que EE.UU, acusa a Hernández, se requiere de una desinstitucionalización del país, de altos índices de corrupción y, para que hayan altos índices de corrupción, debe haber altos índices de impunidad».
Los dos períodos de gobierno de Hernández en Honduras fueron salpicados por denuncias de las principales fuerzas de oposición de que ganó las elecciones de 2013 y 2017 con fraude, lo que también recoge la acusación del jueves en Washington.
«Hernández usó esos beneficios del narcotráfico para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, incluido en relación con las elecciones presidenciales de 2013 y 2017», agrega la acusación de Estados Unidos.
Añade que Estados Unidos alega que en 2013 Hernández recibió un «soborno de un millón de dólares» del narcotraficante mexicano Joaquín «el Chapo» Guzmán, entonces líder del Cartel de Sinaloa, «a cambio de una promesa de proteger» a esa organización en Honduras.
Según García Calderón, la extradición de Hernández puede dejar una enseñanza en Honduras y «ayudarnos a recuperar nuestra soberana acción de hacer justicia nacional con respecto a nuestros compatriotas y no estar esperando el accionar de naciones afectadas en sus leyes, en su sociedad, y que mediante este tratado -de extradición- se le exige que se le entregue a estas personas».
Hernández, de 53 años, comparecerá hoy ante un juez de Manhattan que le leerá los cargos concretos relacionados con el narcotráfico.