Radio América. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, manifestó este martes tras la presentación de una denuncia de abuso de autoridad en la Secretaría de Salud que el decreto de amnistía política es un mal comienzo en el Congreso Nacional.
La titular del ente anticorrupción manifestó que el CNA en los últimos años ha entregado una serie de denuncias al Ministerio Público y hoy “siguen durmiendo en los escritorios”.
“Más allá del Fiscal General tenemos el accionar de seguir denunciando”, expresó Castellanos, quien deploró el actuar de la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores.
La representante del CNA denunció que Flores firmó a pocos días del cierre de su administración más de 7,000 acuerdos de nombramientos sin tener la garantía que los mismos cumplían con los requisitos.
Castellanos espera que el peso de la Ley no solamente recaiga sobre la exministra de la Sesal, sino también contra otros involucrados que legislaron para esto.
Condenar la corrupción con una mano y la otra no lleva a un gobierno al “fracaso moral y administrativo”
En ese sentido anunció que este no será el único informe que el CNA destacará en esa línea “esperamos de manera pronta seguir denunciando muchos más hallazgos”.
En torno al tema de la amnistía política aprobada el pasado 2 de febrero por el actual Legislativo mencionó que es “un mal comienzo desde el Congreso Nacional”.
“Hoy estamos viendo los resultados de un decreto porque las personas utilizadas para la amnistía todavía están en la cárcel y otros buscando de esta situación”, subrayó en declaraciones a Radio América.
Las críticas de Castellanos se dan luego de la determinación el pasado viernes del Juzgado de Letra Penal de la sección judicial de Tegucigalpa de absolver de cargos al exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, señalado en 2009 como responsable del “carretillazo” de 40 millones de lempiras extraídos del Banco Central.
Los cuestionamientos indican que la normativa 4-2022 favorecería de otros cargos (no relacionados a aspectos de represión por el golpe de Estado) a exfuncionarios de la administración Zelaya en el periodo 2006-2009.
“Lo que que que queremos es parar este tipo de accionar por parte de los funcionarios; de esa forma no sólo buscamos el combate a la corrupción sino también la prevención”, concluyó.
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Con el reporte de: Javier Rivera
