Radio América. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó un requerimiento fiscal contra Héctor Leonel Ayala Alvarenga, exsecretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, acusándolo de estafa en la compra de siete camiones para el Benemérito Cuerpo de Bomberos, cuyo costo asciende a 81 millones de lempiras.
La acusación señaló que Ayala Alvarenga lideró una operación para defraudar al Estado mediante la adquisición de vehículos defectuosos, que se presentó como de alta tecnología pero que presentaron graves fallas técnicas y mecánicas.
Junto a Ayala Alvarenga, también son acusados Guilfredo Cerrato Santos y Héctor Martín Cerrato Velásquez, asesores del exfuncionario, por su complicidad en el delito de estafa.
¡ATENCIÓN! El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó este martes en el marco de un requerimiento fiscal contra el exministro de Gobernación y Justicia, Leonel Ayala, que han sido capturados por la DIPAMPCO Kerin Francisco Maldonado y… pic.twitter.com/OHf4iB4Svq
— Radio América HN (@radioamericahn) August 13, 2024
Además, Kerin Francisco Maldonado Aguilar, supuesto representante legal en Honduras de la empresa israelí B SAFE Security, enfrenta cargos por estafa y uso de documentos falsos.
Según las investigaciones, Ayala Alvarenga y sus asesores presionaron para que se realizara la compra directa a B SAFE Security, una empresa sin registro legal en el país.
A pesar de la falta de fondos, gestionaron transferencias de las alcaldías del Distrito Central y San Pedro Sula a las cuentas del Cuerpo de Bomberos para concretar la transacción.
Maldonado Aguilar, por su parte, presentó una oferta engañosa que prometía camiones nuevos de la marca alemana MAN con tecnología avanzada para combatir incendios. Sin embargo, los vehículos adquiridos resultaron tener fallas mecánicas graves y su carrocería no correspondía a la marca MAN.
Un peritaje forense reveló irregularidades en el estampado de la serie del motor y se determinó que los camiones no eran aptos para el traslado de agua, debido a su peso inadecuado y tamaño excesivo, lo que los hace imposibles de maniobrar en las vías de las ciudades.
Esta deficiencia en la calidad de los vehículos no solo pone en evidencia la estafa, sino que también compromete la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos ante emergencias, poniendo en riesgo la seguridad de la población.
