-Por considerar que hubo una valoración errónea de la prueba y con el propósito de enmendar un asunto de aplicación e interpretación irracional de las normas legales, la FiscalÃa Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) apelará la resolución de un juez anticorrupción.
Esto por exonerar de responsabilidad penal al exsecretario de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), Gabriel Alfredo Rubà Paredes, por el delito de fraude y al exsubsecretario de Salud, Nery Conrado Cerrato RamÃrez, por el delito de falsificación de documentos públicos.
Dicha resolución solamente dicta un auto de formal procesamiento contra Ruby Paredes por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, desconociendo la mayorÃa de la evidencia recolectada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Lo anterior en torno a la suscripción irregular de un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el combate al COVID-19 en Villanueva, Cortés, por el cual se erogaron casi 6 millones de lempiras (L.5,560,278.21).
Sin embargo, señala la fiscalÃa, lo instalado nada más fue una carpa que no cumplÃa los requisitos básicos o mÃnimos para atender pacientes en momentos crÃticos de la pandemia.
De manera que, el recurso impugnativo a presentar el Ministerio Público ante la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción, irá orientado a restituir el curso de la causa.
Esto para hacer ver que el juez de primera instancia no tomó en cuenta el hecho que si bien es cierto existió un contrato que aparentemente se cumplió, el mismo acordaba la adquisición un hospital móvil con sus salas de aislamiento, sin embargo, lo recibido fue una carpa táctica con toldos y camillas de campamento.
Además, se obvió por parte del juzgador la colusión que se dio entre los encausados para defraudar las arcas públicas y beneficiar a una empresa, estableciéndose que en fecha el 28 de febrero de 2020, el viceministro Nery Cerrato, actuando como Coordinador del Comité Técnico CientÃfico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) comenzó con el ministro de COPECO, Gabriel RubÃ, la solicitud de la adquisición del hospital, alterando documentación y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales, todo ello en un tiempo récord de dos dÃas.
Al final, el gobierno hizo a DLX Enterprises LLC, por concepto de pago de las carpas y toldos móviles, transferencias de la siguiente manera: un adelanto de $.33,502.97 el 2 de marzo de 2020, siete dÃas después $.78,173.61 y una última el 17 de marzo de 2020 por $.111,676.58.
Esto para un proyecto fallido instalado en un predio de tierra (campo de fútbol) inundable, sin estudios topográficos, ni mucho menos contar con equipo médico tecnológico para el tratamiento de enfermedades pulmonares como el Coronavirus.
Como se recordará, otros acusados en el presente expediente, son: el exadministrador de COPECO, Cristian ElÃas Santeli ChavarrÃa y la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC, Mirna Luz Romero Majano.