Radio América. El capitán Santos Orellana, aspirante presidencial por el Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE) fue capturado esta mañana del jueves por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Las autoridades hondureñas le señalan al presidenciable por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.
La detención del capitán en condición de retiro se realizó en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa a eso de las 8:00 de la mañana procedente de una gira política por la zona insular del país.
De acuerdo a las investigaciones iniciadas años atrás un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el excapitán realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad.
Las autoridades señalan que el exmiembro castrense se quedaba con parte de lo incautado y que las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.
Del mismo modo, se indicó, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares.
Según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA.
Las diligencias expuestas indican que en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia.
“Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra”, agrega el escrito.
Posteriormente, al realizar el análisis financieros se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras.
Sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados.
La Fiscalía menciona que se desconoce el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.
Con lo anterior, se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado.
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