Paraísos para los lavadores de dinero

Por: Edmundo Orellana

Las ZEDE son territorios segregados del territorio de Honduras, en los que el poder no emana del pueblo. Por eso, el gobernante se reunió, no con las poblaciones que serán afectadas, sino con los empresarios para garantizarles que las ZEDE son constitucionales y legales, a efecto de que inicien operaciones. No importa la población del área, solo las empresas. La soberanía en las ZEDE descansa en los empresarios.

El hondureño que reside en esas áreas, particularmente las de baja intensidad poblacional no ha sido consultado, pero debe aceptar que la tierra en que vive, en la que vivieron sus padres o en la que vivieron todos sus ancestros, ya no está bajo el sistema político tradicional. Creada y autorizada la ZEDE, la población que en esa área resida, sea de baja o de alta intensidad poblacional, se someterá a un régimen que no deriva de la Constitución de la República de Honduras sino del acto fundacional de la ZEDE, contentivo de las reglas fundamentales con vigor en esas áreas. La población tendrá que obedecer leyes en cuya formación jamás podrá participar, ejecutadas por empresarios investidos de autoridad, desde el momento de creación de las ZEDE; pagará impuestos a empresarios para que estos, a su vez, paguen los salarios a jueces que fallarán como ellos dispongan y a policías que estarán al servicio de esos empresarios y, si estos policías no son suficientes para mantener el orden, serán auxiliados por la PMOP, cuyos sueldos pagamos los hondureños no los empresarios a cuyo auxilio acudan.

El gobierno de las ZEDE lo decidirán los empresarios, mayoritariamente extranjeros, y serán ellos los que gobiernen, con potestades para imponer un “convenio de convivencia ciudadana” al que deben someterse los hondureños que residan en esas áreas, caso contrario deben abandonar la ZEDE. Los pueblos ancestrales y los garífunas serán los primeros expulsados de sus propios territorios.

Sus bienes -casas o haciendas- pueden ser objeto de expropiación por la autoridad de la ZEDE cuando a esta le convenga y también podrán expropiar, cuando la ZEDE decida expandirse, las propiedades contiguas, es decir, que no pertenecen a la ZEDE, pero colindan con ella. Nadie está seguro, ni los que tienen protección especial, como los pueblos ancestrales y afrodescendientes; las ZEDE podrán irrespetar, impunemente, el convenio 169, porque es Honduras la que responde en las instancias internacionales.

El residente que se oponga a la expropiación será vencido en las instancias a las que acuda, porque el interés de los empresarios, dueños de las ZED es muy superior, y por eso prevalecerá, al de la población hondureña que allí resida, y si la propiedad está en disputa, a los contendientes se les depositará la indemnización respectiva en el fideicomiso de la ZEDE o se le consignará en un tribunal.

Los jueces juzgarán apegados a un derecho desconocido en nuestro país, el “Common Law”, y las ejecutarán en un idioma desconocido para el acusado, porque, en su mayoría, serán extranjeros de habla inglesa. Siendo que en este sistema se juzga invocando un cuerpo jurisprudencial preexistente, y este aún no se ha formado, se permite que la ZEDE decida que el juez invoque jurisprudencia de otros países, especialmente de la Commonwealth. Con excepción de las cuestiones contractuales y patrimoniales, que serán juzgados, obligatoriamente, mediante arbitraje, esa jurisdicción conocerá de todas las demás materias, con sujeción a aquella jurisprudencia.

La legislación penal será la que determinen los empresarios y los juicios penales se decidirán por jurados, integrados por habitantes de esas zonas, que, en su mayoría, serán ejecutivos y empleados de las empresas que allí operen. Los jurados, así integrados, decidirán como el empleador desee. La extradición podrá no ser reconocida, si ese es el interés de los dueños de las empresas que operen en las ZEDES.

No se aplicarán políticas de control de cambio dentro de las ZEDE y los medios de pago que circulen dentro de estas serán libremente convertibles. Los mercados de divisas, oro, valores futuros, mercancías y similares operarán libremente en las ZEDE. Fluirán los capitales sin ningún control, poderoso atractivo para el crimen organizado. Paraísos fiscales para lavar las ganancias de los narcos y de las maras, quienes estarán protegidos si la ZEDE en la que operen no aprueba la extradición.

Algunas ya están operando sin que el Congreso Nacional las haya creado, como manda la Constitución y la Ley de las ZEDE, lo que ha provocado movilizaciones que pueden desbordarse (lo que convendría al continuismo) por la sordera y ceguera de quienes se empeñan en seguir autorizándolas y de quienes están llamados a impedirlo.

Señor Gobernante: ¡Retroceda! El país está convulsionado. Lo que ocurra será su responsabilidad. No siga destruyendo el país, porque el pueblo lo declarará enemigo de Honduras, igual que lo hizo el pueblo de Estados Unidos. Digámoselo con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

 

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