-La diputada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez dijo hoy que cuando se pone en riesgo el goce de los derechos humanos de los habitantes, como ocurre con la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), el pueblo hondureño tiene el derecho a la “insurrección”.
La misma Constitución nos da el derecho a la insurrección cuando nos vemos afectados en nuestros derechos humanos, en nuestro derecho a la tierra y otras situaciones propias de la vida de los hondureños, declaró.
Gutiérrez se quejó que, en la sesión del miércoles, en la que presentaron, en el Congreso Nacional, una moción de reconsideración sobre las ZEDEs, de forma malintencionada no le permitieron ingresar a la sesión vía zoom y evitar que votará en contra de esa aberración constitucional.
Es una barbaridad, expresó Gutiérrez, ya que no les importa vender el país ni siquiera al mejor, sino que al peor postor y darle todos los privilegios que deberían darle a los pequeños y medianos empresarios hondureños que si necesitan estímulos porque son los que en verdad generan empleos.
“Es lamentable la política que está utilizando este gobierno y todos los anteriores del Partido Nacional”, cuestionó.
La también aspirante a Designada Presidencial por la Unidad Nacional Opositora Hondureña (UNOH), explicó que es una manera de expulsar a nuestros compatriotas que han vivido en esos territorios hacia otros sectores y van a ser prácticamente desalojados de la tierra que los vio nacer
Agregó que también hay una situación cultural de por medio muy grave, aunado a los privilegios en detrimento del mismo desarrollo económico del país ya que no solo se trata que generar empleos, sino que paguen impuestos.
Indicó que hay convenios internacionales suscritos por Honduras como el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recomienda que en este tipo de situaciones debe haber una consulta previa y obligada con los pueblos.
No obstante, lamentó que el partido en el gobierno no respeta ni los convenios internacionales que obligan a las consultas previas con las comunidades afectadas.
A través de un comunicado, el mismo Sistema de Naciones Unidas expresó su preocupación por la implementación de las ZEDEs en Honduras, ya que pone en riesgo el goce pleno de derechos humanos de los habitantes e indicó que las comunidades que serían afectadas han denunciado la falta de participación y consulta.
De igual forma se ha denunciado la falta de acceso a la información sobre el proyecto, siendo las más afectadas las comunidades afrodescendientes.
Gutiérrez recordó a los hondureños que el derecho que no hace pelea se pierde y que la misma Constitución de la República garantiza el derecho a la vida, a la tierra, a la seguridad y el derecho a la alimentación, cuya responsabilidad recae en el Estado hondureño.
Sin embargo, es el propio Estado de Honduras el que está violentando los derechos de los ciudadanos a vivir en un territorio específico.
De manera que, si no se lucha para esto, pronto van a tener paraísos fiscales instalados allí y será refugio de antisociales y de una cantidad de personas que, desde ahorita, se están protegiendo, inclusive para no ser extraditados.
Se estima que un 35% del territorio hondureño estaría quedando a disponibilidad del régimen especial de las ZEDEs.
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